La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que ordena a los servicios públicos y a las municipalidades a regular, mediante normativa interna, la asignación, uso y término de las viviendas fiscales.
El ente fiscalizador informó que la medida busca reforzar "el deber de una gestión eficiente y responsable de estos bienes públicos", apuntando a establecer plazos máximos de uso, condiciones de uso y causales de término.
"Se establece que las jefaturas de servicio y autoridades municipales deben ejercer activamente sus facultades de administración, las que incluyen la posibilidad de fijar plazos máximos de uso, condiciones de mantención y cuidado, y criterios para el término del beneficio, resguardando siempre la disposición legal que señala que, una vez concedida la vivienda, esta no puede ser retirada para beneficiar a otro funcionario de mayor jerarquía", detalla el instructivo.
Contraloría enfatizó que el uso prolongado, indefinido o irregular de las viviendas fiscales "afecta el principio de equidad funcionaria y la correcta administración del patrimonio público, especialmente considerando que se trata de bienes escasos destinados a cumplir un fin público específico".
En ese sentido, el organismo instruyó a todas las jefaturas de servicio y autoridades edilicias a dictar o actualizar los reglamentos, instructivos o protocolos internos que regulen la materia, estableciendo un plazo máximo de 60 días.
"Dichas normas deberán establecer, al menos, los requisitos de postulación y asignación, las obligaciones de mantención, los mecanismos de control y fiscalización, el pago de consumos asociados y las causales y procedimientos para poner término al beneficio", detalló.
El dictamen también ordena que la asignación y el término del uso de una vivienda fiscal o municipal deben ser formalizados a través de actos administrativos fundados, conforme a la ley 19.880.
