INE contrató censistas con antecedentes penales u orden de expulsión
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Autor: Redacción Cooperativa
La Contraloría estima que se deben recuperar más de 300 millones de pesos por el Censo 2024.
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La Contraloría estima que se deben recuperar más de 300 millones de pesos por el Censo 2024.
Reparos al sistema de contratación de censistas para el Censo 2024 realizó la Contraloría General de la República (CGR), que constató que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) empleó a 16 personas "con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas".
Además, la revisión de contratos muestra que "el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país. En detalle, 5 de ellos corresponden a exresidentes definitivos o temporales/transitorio, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos; incluso uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país".
La CGR dijo que "6 de las 16 personas contratadas, presentaron certificados de antecedentes donde, si bien éstos indicaban condenas, la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no advirtió que dichas personas tenían condenas".
"Asimismo, en otros 10 casos, el organismo directamente no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones", se apunta en un comunicado oficial.
No se constató, además, que "más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo".
En "otras observaciones", la CGR remarca que "una exasesora contratada por el Instituto Nacional de Estadísticas participó como experta en la comisión evaluadora de la licitación adjudicada, pese que era represente legal de una de las empresas intervinientes".
"Por otro lado, se detectó que el servicio no pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas -por las cuales recibieron un pago $166.356.508 lo que implica una falta de supervisión y control de los censistas", se agrega.
A raíz de los resultados, la Contraloría ordenó al INE "instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivar de las situaciones detalladas en el informe", cifrándose el reparo en 315,6 millones de pesos, antecedentes que ya fue remitidos a la Fiscalía, por la posibilidad de que puedan constituir delitos.
