En el marco de la investigación por el asesinato del carabinero Daniel Palma, que tiene a dos extranjeros "de interés" buscados por la policía, los diputados Renzo Trisotti (UDI) y Eric Aedo (DC) solicitaron la renuncia del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, acusando que ha tenido dichos "irresponsables".
Los parlamentarios recordaron la intervención de Thayer el pasado lunes ante la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, donde afirmó que "la estadía ilegal en el país no constituye por sí misma un riesgo para la seguridad interior".
Según reprochan Trisotti y Aedo, estas palabras muestran contrariedad a lo sucedido en la muerte del cabo Palma y la postura del fiscal nacional, Ángel Valencia, que ayer instruyó a los persecutores de la Región Metropolitana a solicitar prisión preventiva en contra de detenidos extranjeros que no cuenten con su cédula de identidad.
La permanencia de Thayer al mando de Migraciones "se hace francamente insostenible", advirtió Aedo, que solicitó al Gobierno que pida su renuncia "porque no es posible que diga que la permanencia ilegal de inmigrantes no es un atentado contra la seguridad interior del país", sobre todo cuando al mismo tiempo el fiscal instruye una medida que demuestra lo contrario.
"No se sostiene la permanencia de Thayer, quien está más preocupado de dar garantías a la inmigración ilegal indocumentada y que es partícipe de crímenes en el país y no se preocupa de la seguridad interior, la de los chilenos y carabineros. Exijo su renuncia porque no es apto para el cargo", afirmó a El Mercurio el también jefe de bancada mixta DC-PR-PL.
"VALIDAR Y JUSTIFICAR LA MIGRACIÓN IRREGULAR LO VUELVE RESPONSABLE"
En esta línea, su par Trisotti señaló que el director de Migraciones "debería ser considerado culpable por omisión del homicidio del cabo 1° Daniel Palma Yáñez a manos de delincuentes extranjeros indocumentados en nuestro país", dado que -detalló- "validar y justificar la migración irregular lo vuelve responsable de todos los delitos y crímenes que a futuro se cometan en nuestro país por parte de extranjeros irregulares, que precisamente han ingresado a Chile con ese único propósito".
"Sus declaraciones no solo son absolutamente irresponsables e indecentes, sino que son un insulto para todos los chilenos que han sufrido las consecuencias de la migración descontrolada que vivimos actualmente. Incluso, son una ofensa para todos los extranjeros que sí han llegado de manera regular a aportar a nuestro país", puntualizó el parlamentario al medio antes citado.
Finalmente, el diputado UDI indicó que "si el Presidente Boric no le solicita la renuncia durante este fin de semana, también debería ser considerado como responsable implícito de todos los crímenes y delitos que cometan los migrantes irregulares de aquí en adelante. La evidencia es clara: la migración ilegal ha tenido graves consecuencias para nuestra seguridad. Y desconocer aquello solo lo vuelve cómplice".
THAYER PIDE "ELEVAR EL NIVEL" DEL DEBATE
Thayer reaccionó al emplazamiento a través de Twitter, donde explicó sus citados dichos: "La estadía irregular es una cosa y el ingreso irregular otra. Hay gente que ingresó regularmente y no pudo renovar sus papeles por falta de recursos, trabajo o por enfermedad y tiene estadía irregular. En Migraciones trabajamos para regularizar a este grupo".
"Invito a elevar el nivel de la discusión, a dejar la política pequeña y a avanzar. Si no lo hacemos es el país el que pierde", enfatizó también.
POSTURAS ANTE INSTRUCCIÓN DEL FISCAL NACIONAL
En cuanto a la postura de la Fiscalía Nacional, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que es "algo que no decide el Gobierno, finalmente lo decide el Poder Judicial, porque es un juez el que va a tener que determinar si lo que solicita el fiscal, que es la prisión preventiva para un ciudadano que no tiene documento de permanencia regular en el país, opera con una medida permanente".
"Nosotros creemos y ahí sí estamos trabajando, es que primero tenemos que detener el ingreso irregular a Chile. La segunda tarea central es identificar a quienes han ingresado irregularmente al país", puntualizó la autoridad.
Según cifras presente en un oficio enviado por los fiscales regionales metropolitanos, con los criterios ante la detención de extranjeros sin la debida identificación, el 25 por ciento de los imputados que pasan a control de detención son extranjeros y de esos el 50 por ciento no cuenta con RUT en el Registro Civil de nuestro país.
Esta medida también fue analizada por el diputado comunista Matías Ramírez, quien advirtió que "en sí misma puede resultar inconstitucional o no ajustada inclusive a las propias requerimientos del Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva".
"Es una medida que tiene un profundo sentido práctico, creo que en modo alguno afecta garantías y derechos fundamentales de nadie. Lo que no puede pasar es que, porque no hay capacidad carcelaria suficiente, se empiece a despenalizar conductas por la vía de los hechos", opinó, por su parte, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD).
Por su parte, el propio Trisotti reiteró su apoyo a la decisión del fiscal nacional, afirmando que "cuando estamos en una crisis de migración clandestina vinculada lamentablemente con criminalidad, evidentemente no podemos seguir haciendo lo mismo".
"No solo esperaría que esto se aplicara en la Región Metropolitana, sino que también se pudiera aplicar en el norte del país, donde están operando a bandas criminales, donde tenemos una gran cantidad de delitos cometidos por extranjeros", solicitó el parlamentario.
INSTRUCCIÓN "ES CORRECTA", EXPLICA EXFISCAL GAJARDO
La instrucción del fiscal nacional "es correcta", opinó el exfiscal Carlos Gajardo.
"El principal objetivo que tiene la medida cautelar de prisión preventiva es asegurar la comparecencia de un imputado a las actuaciones del procedimiento. Es decir, evitar que éste se fugue mientras se lleva adelante la investigación. Y ese peligro de fuga siempre es mucho más alto cuando una persona es extranjera, no tiene domicilio en nuestro país, está de paso, no tiene su documento de identidad nacional", expuso.
"Todos son antecedentes que se deben tener en cuenta para solicitar una prisión preventiva y relevantes para que el juez pueda tomar una decisión en tal sentido", concluyó.
De momento son los persecutores de la Región Metropolitana los que deberán solicitar la máxima cautelar, según la instriucción del fiscal Ángel Valencia, y se espera que durante los próximos días se extienda al resto del país.
