El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, admitió que en el último año, el proceso de expulsiones de inmigrantes con antecedentes penales se ha visto entorpecido por la legislación actual.
En entrevista con La Segunda, la autoridad afirmó que "durante el año pasado firmamos un poco más de 2.000 expulsiones administrativas y la PDI realizó 31", institución que está a cargo de "notificar al afectado que se inició un procedimiento, quien tiene 10 días para presentar descargos ante el servicio".
"Luego de esos 10 días, si se mantiene afirme, la PDI debe notificarlo por segunda vez presencialmente, y luego la persona tiene 10 días para recurrir a tribunales, y si tribunales falla a favor nuestro, la PDI tiene que buscar por tercera vez a la persona en su domicilio y concretar la expulsión en 48 horas", detalló Thayer.
"Ese procedimiento -continuó- es de la ley de 2021 y afectó mucho la velocidad de expulsión, porque normalmente la PDI no encuentra a las personas en sus domicilios. Por lo mismo, presentamos un proyecto de ley para simplificar el proceso y materializar las expulsiones. Y estamos en un trabajo con la PDI para detectar a las personas con decreto de expulsión vigente".
La mencionada iniciativa cuenta con una urgencia, y debe ser votada en la Cámara de Diputados para posteriormente pasar al Senado.
Por otro lado, Thayer recordó que el Poder Judicial materializó la expulsión de 1.039 extranjeros que delinquieron, y que al ser condenados a penas inferiores a cinco años y un día, optaron por conmutar su castigo por la expulsión, para la cual Migraciones compró los pasajes.
En cuanto al retraso de la Política Nacional de Migraciones, la autoridad señaló que "involucró a todos los ministerios, subsecretarías y más de 900 actores a nivel nacional, en un proceso participativo en que se construyó una línea de base", y que a la fecha, "está en su fase final; se están haciendo últimos ajustes en el plano más jurídico del decreto".
No obstante la demora, descartó que se deba a objeciones por parte de Apruebo Dignidad ante el control civil que será delegado a militares: "En política migratoria el Gobierno tienen una sola línea. Y con la oposición tenemos acuerdos en prácticamente todo", aseguró.
NEGÓ "PIEDRAS DE TOPE" EN DIÁLOGO CON BOLIVIA
Sobre la imposibilidad de reconducir a Bolivia a migrantes irregulares de otros países que cruzaron esa frontera hacia Chile, Thayer dijo que la PDI se lo informó cuando asumió en el cargo: "Su personal entregaba a los reconducidos, la policía boliviana no los aceptaba y los reconducidos volvían a ingresar, y eso implicaba que la PDI tenía que contar con personal que detuviera y personal que recondujera sin posibilidades", por lo que la policía civil "nos pidió normar la práctica o iba a seguir rebotando en la policía boliviana".
"Afortunadamente, a través de Cancillería hemos retomado el diálogo con Bolivia y propuesto un protocolo de reconducción (...) No estaba en el Gobierno, pero entiendo que Bolivia no acusó recibo de la decisión que estaba tomando el Estado chileno; estamos iniciando el diálogo y lo tenemos avanzado", apuntó.
Thayer precisó que "nos reunimos en agosto con la contraparte boliviana en función de retomar la conversación de la reconducción y les pedimos que activara esto", y aunque también han pasado varios meses desde aquella cita, sostuvo que "no veo piedras de tope".
"Las conversaciones con los países tienen su tiempo. En la primera reunión les propusimos realizar un protocolo, les reenviamos un protocolo y las conversaciones están avanzando y esperamos tener esto resuelto lo antes posible, de la mano de la Cancillería", remató.
