"El problema del control de la migración no se va a resolver sólo con expulsión", dijo Luis Thayer en Cooperativa.
Explicó los reparos del Gobierno al proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, calificándola como "una herramienta ineficaz en términos de la persecución penal".
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, dijo este martes que el próximo mayo comenzará a operar el "empadronamiento biométrico" que impulsa el Ministerio del Interior para identificar a más de 120.000 extranjeros que han ingresado a Chile por pasos no habilitados, en medio de la crisis migratoria que vive el país.
Entrevistado por El Diario de Cooperativa, el funcionario reiteró que "el ingreso irregular al país evidentemente es un riesgo para la seguridad" y "en esa línea, vamos más allá de la declaración: no sólo lo consideramos un riesgo, sino que el Gobierno ha hecho una inversión para iniciar un proceso de empadronamiento biométrico de las personas para saber quiénes son y dónde están".
"Esto es algo inédito en el país. Nunca se había realizado este tipo de procedimientos", destacó.
"En el mes de mayo o principios de junio estaremos ya en las calles empadronando a las personas que están en una situación irregular", declaró Thayer.
"Hay una cuestión que es bien importante: el problema del control de la migración no se va a resolver sólo con expulsión", enfatizó el director de Migraciones tras explicar las "aprensiones" del Ejecutivo al proyecto de ley impulsado por la oposición que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, que se discute -en general- en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas.
La moción, presentada por diputados de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI), propone sancionar con presidio menor a quien que no reúna "las condiciones para ser declarado como refugiado en nuestro territorio, o reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas" y de igual manera hicieran ingreso al territorio ya sea por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio.
"A los extranjeros que ingresaren al territorio nacional, mediante alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior y existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio", dicta la iniciativa.
A su vez, el documento busca sancionar con presidio menor en sus grados medio a máximo a aquellos que ingresen a Chile o intentaran salir del país "valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida".
"Hoy día existen las herramientas administrativas para que las personas que ingresan irregularmente sean expulsadas. Nosotros planteamos como primera cuestión que, como Gobierno, el objetivo que tenemos es expulsar en el más breve plazo a las personas que ingresan irregularmente", dijo Thayer al comentar la intervención que hizo en la víspera ante la Comisión de Seguridad.
"Nosotros tenemos con una parte del proyecto algunas aprensiones y con otra parte del proyecto creemos que se puede avanzar en una discusión y podemos llegar a un acuerdo. ¿Con qué parte tenemos aprensiones? Consideramos que penalizar el primer ingreso clandestino puede ser ineficaz para materializar la expulsión", afirmó el director de Migraciones.
El funcionario planteó que "si uno penaliza y judicializa a una persona que entra irregularmente uno no la puede reconducir, (sino que) se abre una persecución penal por parte de la Fiscalía".
En ese contexto, Thayer señaló que, de acuerdo al Ministerio Público, entre los años 2018 y 2021 hubo cerca de 9.000 casusas por ingreso irregular, a la vez que hubo cero condenas. "Vale decir, es una herramienta ineficaz en términos de la persecución penal", expuso.
Por otra parte, advirtió que, "según datos los datos de Carabineros, están ingresando -al menos por Tarapacá- 400 personas a la semana. Estas se convertirían, en vez de reconducirlas, en causas penales que tendrían que ser tramitadas por el fiscal regional".
"En 2021 ingresaron 56.000 personas por pasos no habilitados. En ese momento era un delito, así que tampoco nos parece que sea un desincentivo muy eficaz para el ingreso irregular", subrayó.
"Sin embargo —añadió—, creemos que la discusión en torno a aquellos ingresos que se dan cuando la gente tiene prohibición de ingreso cuando hay reincidencia -vale decir, cuando hay desacato de la autoridad administrativa o judicial- se podría penalizar e incluso hemos planteado ayer que el ingreso irregular, en aquellos casos donde adicionalmente hay un delito de una persona, constituya eventualmente una agravante".
Thayer respondió también al emplazamiento de la directiva de la UDI, que ayer hizo un llamado al Gobierno para que "deje de buscar excusas" para no expulsar administrativamente a los migrantes irregulares.
"No tenemos ninguna excusa. No sé a qué excusa se referirán los parlamentarios. Nosotros hemos constituido, por instrucción de la Subsecretaría del Interior, una mesa para materializar expulsiones administrativas decretadas, donde está la PDI y el Ministerio del Interior, y estamos trabajando arduamente con la policía para dar con esas personas, generando intercambio de información, y estamos viendo resultados"
"En lo que va de año hemos superado el número de expulsiones administrativas que se generaron el año pasado. Se han materializado 51 expulsiones administrativas a la fecha; el año pasado se lograron materializar 31", puntualizó.
Consultado sobre la baja proporción de las expulsiones administrativas comparadas con las judiciales, Thayer pidió "dimensionar" la cifra en su contexto.
"La expulsión es una medida que es necesaria y eficaz. Normalmente, si uno mira la última década, entre judiciales y administrativas, el promedio de expulsiones anual es de 2.500 o 2.000. Entonces, claro, tenemos que dimensionarlo", sostuvo.
"Estamos haciendo un esfuerzo para aumentar ese volumen y esta mesa creo que va a tener esos resultados y los está mostrando. Hoy tenemos una ley que es compleja en términos de la notificación de las expulsiones y, por lo mismo, el Gobierno ha presentado un proyecto para facilitar esto y vamos a seguir presentando iniciativas legislativas, porque nos parece una dimensión importante de trabajar", garantizó.
