Álvaro Bellolio contradijo a su sucesor, Luis Eduardo Thayer, que afirmó que las deportaciones se mantienen al mismo ritmo que en la administración anterior.
"Lo que pasa es que, a diferencia de antes, (las salidas se realizan) sin la parafernalia", afirmó el Presidente desde EE.UU.
En medio de los cuestionamientos de la oposición, el Presidente Gabriel Boric destacó el trabajo del Gobierno en materia de expulsión de migrantes, asegurando que estos procedimientos "se siguen desarrollando", aunque -dijo- sin espectáculos, marcando la diferencia con la Administración anterior, que solía sacar a extranjeros del país vestidos con overoles blancos.
"Las expulsiones se siguen desarrollando como corresponde. Lo que pasa es que, a diferencia de antes, sin la parafernalia y sin la vulneración de la dignidad de las personas que se ven expuestas a esta situación", indicó el Mandatario el martes tras ser consultado por la continuidad de las deportaciones en una rueda de prensa en Los Ángeles, en medio de su visita oficial a Estados Unidos.
Esta postura ya fue entregada semanas atrás por el Jefe de Estado, quien aseguró en entrevista con El Diario de Cooperativa que durante su mandato no se volverán a ver escenas de "mamelucos blancos" siendo expulsados "como terroristas".
Desde la oposición proliferaron en la última jornada los cuestionamientos al Servicio Nacional de Migraciones por la aplicación de las expulsiones durante la actual Administración, luego de que quien fuera director del organismo en el periodo de Gobierno de Sebastián Piñera, Álvaro Bellolio, contradijo a su sucesor, Luis Eduardo Thayer, que afirmó que las salidas se mantienen en el mismo nivel.
En una entrevista publicada el domingo por El Mercurio de Antofagasta, el actual titular de la repartición informó sobre el ritmo que se lleva en esta materia, destacando que "en los últimos dos meses hemos expulsado -con el apoyo fundamental de la PDI- a 316 personas, 228 de ellas en marzo y 88 en abril. Si sumamos las 30 personas que se expulsaron en febrero y las 80 de enero, tenemos que, en lo que va del año, se han concretado 427 expulsiones".
Thayer explicó que "hemos optado por ir realizando las expulsiones de manera individual en vuelos comerciales, dándole curso a dos contratos con agencias de viajes de alrededor de 300 millones de pesos cada uno", dado que esta medida permite -a su juicio- "agilizar el proceso y bajar los costos".
"Hicimos la solicitud de transparencia a la Policía de Investigaciones y podemos ver que efectivamente en el mes pasado hay 88 expulsiones. De ellas, hay dos administrativas y 86 judiciales. Las administrativas son de dos ciudadanos dominicanos que habían ingresado clandestinamente y salieron por su cuenta, por lo tanto fue una gestión de los mismos ciudadanos", respondió Bellolio en conversación con Ex-Ante.
"En ese sentido, la cantidad de expulsiones administrativas que está gestionando el Servicio al menos desde que está el director Thayer es cero. Se ha instalado la idea de que si una persona ingresa clandestinamente, no hay ninguna sanción y no hay ninguna expulsión", agregó el ex director de Migraciones.
Según Bellolio, la baja proporción de las expulsiones administrativas comparadas con las judiciales se debe a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales por liberar a los migrantes y a la tardía incorporación del reglamento de la nueva Ley de Migración.
"El reglamento de la nueva ley de migraciones recién se publicó en febrero, por lo que cambió el procedimiento administrativo para dictar las expulsiones para dar mayores garantías a la Corte Suprema, facilitando estas expulsiones", apuntó en Cooperativa.
Bellolio agregó que "es buena noticia que el Gobierno del Presidente Boric estime pertinente impulsar con fuerza las expulsiones administrativas" y aseguró que "estamos disponibles para colaborar a expulsar a quienes ingresan clandestinamente".
"Por ejemplo, estaríamos dispuestos a un gran acuerdo nacional donde este año se pueda expulsar a 5.000 personas que hayan ingresado clandestinamente", concluyó.
Coincidió con esta crítica la senadora de Renovación Nacional por Antofagasta, Paulina Núñez: "En la práctica, este Gobierno, en cuanto a las expulsiones, no ha hecho nada".
"El director de Migraciones habla de 316 expulsiones, pero la gran mayoría fue tramitada en el Gobierno anterior y sólo 88 corresponden a abril. Es decir, cuando él ya había asumido en el cargo. De esas 88, 86 son judiciales, es decir, ordenadas por un tribunal, no por el Ejecutivo, no por el Gobierno, y las dos restantes fueron gestionadas por los propios ciudadanos. Expulsiones tramitados por este Gobierno van cero", fustigó la parlamentaria.
Pese a lo dicho desde la oposición, que el grueso de las expulsiones sean judiciales no es un fenómeno nuevo: según cifras entregadas por la PDI, en enero hubo 80 salidas y todas fueron ordenadas por tribunales, al igual que 27 de las 31 deportaciones de febrero y 225 de las 228 de marzo, el último mes de la gestión Piñera.
"La misma autoridad (en el mandato anterior) señaló públicamente que, según su interpretación, el poder judicial le estaba impidiendo hacer las expulsiones administrativas. Si miras sólo las cifras, vas a ver que estos aviones que se habían contratado, finalmente, en su gran mayoría, lo que hacían era llevar personas con expulsiones judiciales", apuntó Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
"Existen muchos antecedentes y jurisprudencia que, atendiendo a la situación particular de la persona migrante y también a las forma en que la autoridad migratoria actúe a la hora de decretar la expulsión, los tribunales de justicia han, desde hace varios años, asentado una jurisprudencia en el sentido de dejar sin efecto muchas de estas órdenes de expulsión por incumplir ciertos estándares constitucionales en materia de debido proceso, de protección de las familias, por nombrar algunos ejemplos", comentó Ramón Mayorga, investigador en Derecho Migratorio y Derechos de los Migrantes y académico de la Universidad de Magallanes.
En paralelo, existe un rezago importante en las tramitaciones de regularización de extranjeros en Chile, con una fila de más de 20.000 solicitudes pendientes.
En mayo, el nuevo director de Migraciones responsabilizó en Cooperativa al aumento del flujo migratorio en los últimos años y la implementación de criterios a su juicio inadecuados en los procesos
