El ministro del Interior señaló que están ligadas a delitos como el tráfico de menores, tráfico de droga, robo con violencia e ingreso clandestino a Chile.
Organizaciones de protección a migrantes han denunciado el no cumplimiento del debido proceso.
Pese a las críticas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) por la inminente expulsión colectiva de extranjeros del país, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró este domingo que es un proceso que será para personas que han sido condenadas por diversos delitos y que no cuentan con papeles regularizados.
Según acusó el SJM, esta expulsión no cuenta con el "debido proceso", dado que incluye a personas con hijos y sin antecedentes penales, por lo que anunciaron que presentarán recursos de amparo en algunos casos.
"No estamos hablando de presunciones, hay cerca de una veintena de esas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas al tráfico de menores, ¿Qué más complejo que traficar menores? O sea, si alguien me puede decir si hay algún delito más complejo que ese, creo que pudiese estar dentro de los delitos que uno podría catalogar como más complejo", aseguró el secretario de Estado ante las críticas por el proceso.
En la misma línea, señaló que otro grupo está condenado por el delito de "tráfico de droga, hay personas condenadas también por robo con violencia, ¿Qué más complejo para una persona que es víctima de un delito? Por lo tanto, estamos hablando de personas que van a conmutar sus penas y fueron condenadas en Chile".
"Por otro lado, hay personas que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile, sin haber hecho nada en prácticamente en un año o un año y medio", detalló Delgado antes que se realice este proceso.
En total, este domingo 56 personas fueron expulsadas, 37 de ellas responden a faltas administrativas, cruzaron la frontera por pasos no regulados y que aún no regularizaron su situación migratoria. Mientras que en 19 casos es por algún caso judicial, ligados en general al tráfico de drogas.
Debido a esta situación, desde organizaciones de protección a migrantes han denunciado el no cumplimiento del debido proceso, sobretodo en el caso de las expulsiones administrativas, ya que plantean que realizar estos operativos durante el fin de semana ha entrampado los recursos de amparo y las apelaciones judiciales.
"No está basado en un enfoque derecho, no es respetar la dignidad de las personas y violación de los derechos humanos. Por lo tanto, hacemos un llamado también a la ciudadanía, que esto no se normalice y que, por supuesto, podamos cambiar también nuestra visión que tenemos de nuestro país", acusó la directora nacional de la SJM, Waleska Ureta.
En la misma línea, Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, afirmó que "se tiene que garantizar el debido proceso para todas las personas, analizar caso por caso justamente la situación".
"Nosotros no estamos defendiendo personas infractoras de la ley o delincuentes, estamos hablando de que la migración tiene que concebirse desde un enfoque de derechos", aseguró.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) señaló que "justamente, una de las cosas que nosotros pusimos ciertos límites en la ley (de migrantes), ciertas regulaciones en la ley, es que esto no podía depender de una decisión meramente administrativa".
"Hay un mecanismo, hay plazo de apelación, hay un debido proceso, tiene que ser con respeto al derecho humano y eso, al parecer, no se está cumpliendo", acusó el parlamentario.
"El mismo Poder Judicial ya ha dicho anteriormente que acá han existido expulsiones ilegales, es lo que sería lo grave en el fondo, que el propio Gobierno estaría transgrediendo la ley, estaría yendo más allá de la ley", puntualizó Latorre.
