La medida forma parte de la nueva Política Nacional Migratoria.
El reporte presencial y en el domicilio del involucrado "se transformaba en algo imposible de llevar a cabo", dijo el subsecretario Manuel Monsalve.
El Gobierno agilizará la expulsión de personas extranjeras cuando hayan cometido algún delito de gravedad o faltas reincidentes eliminando con su nueva Política Nacional Migratoria la obligatoriedad de que las autoridades previamente notifiquen la deportación al afectado presencialmente y en su domicilio.
"El Estado a veces no conocía ni el domicilio ni tan solo el nombre verdadero de las personas que había decidido expulsar. Ese paso se transformaba en algo imposible de llevar a cabo (...) El cambio hace que el Estado chileno sea más eficaz", anunció este jueves el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la presentación de la nueva Política Nacional Migratoria.
La autoridad informó que ahora podrán notificar la deportación por carta certificada o por correo electrónico, e incluso iniciar el proceso inmediatamente cuando se presente una denuncia para la expulsión ante la Policía de Investigaciones (PDI).
Con la nueva ley, el Gobierno pretende reducir las causales para la regulación a extranjeros que demuestren un vínculo laboral estable y formal o lazos familiares, y ampliar las causas para las expulsiones, permitiendo deportar a personas inmigrantes si cometen cinco "faltas o incivilidades en un periodo de dos años", detalló Monsalve.
Esta política considera las necesidades de los territorios, para tener una migración ordenada, segura y regular en nuestro país.
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 6, 2023
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Otra de las medidas que se implementará a corto plazo será el empadronamiento biométrico de extranjeros indocumentados, con más de 60 puntos para ese trámite y unidades móviles para agilizar las inscripciones.
"Hoy en día, si detenemos a una persona indocumentada por una falta o un delito y esa persona da un nombre, si después vuelve a delinquir y se identifica con un nombre distinto, el Estado no tiene manera de saber si se trata del mismo sujeto", valoró el subsecretario.
El empadronamiento biométrico permite al Estado registrar a las personas recogiendo sus huellas dactilares, rostro y nombre y biografía, información que se compartirá con Carabineros, PDI, Registro Civil y, si se requiere, la Interpol.
"La nueva Política Nacional Migratoria busca que el servicio nacional de migraciones coordine sus acciones y promueva la inmigración regular, el orden, la seguridad y el cuidado a los derechos a las personas", añadió Monsalve.
En materia de protección, el subsecretario destacó que tendrán prioridad los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como las mujeres víctimas de violencia machista, trata o tráfico de personas para facilitar su acceso a la documentación y la regularidad administrativa.
La migración irregular es un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a 2021 la cifra se multiplicó por 57, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM).
A fines de febrero, Chile inició un despliegue militar en los puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia con miras a aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona.
Las cifras gubernamentales indican que, tras la intervención en la frontera, la entrada de personas inmigrantes por pasos no habilitados, principalmente por la porosa frontera de Bolivia, se redujo en un 56% respecto a los niveles de 2022.
A la fecha, según cifras oficiales, casi 1,5 millones de extranjeros viven en Chile -mayoritariamente venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos-, dato que no incorpora a los ciudadanos que no están regularizados en el país.
