El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, reparó en las dificultades para materializar la acción judicial.
Thayer identificó que el principal problema es detectar y detener a las personas con orden de expulsión.
El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig), Luis Thayer, aseguró que el organismo tiene un presupuesto que podría concretar dos mil expulsiones –tanto judiciales como administrativas- de extranjeros durante este año.
En conversación con Cooperativa, Thayer destacó al aumento de presupuesto que han recibido las policías y el Sernamig para este tipo de acciones, y aseveró que "tenemos presupuesto para comprar pasajes para dos mil expulsiones", lo que permitirían materializar los dictámenes de los jueces.
"La PDI, en este caso, debería detener a esas dos mil personas para expulsar", enfatizó.
En marco del último vuelo de esta semana que devolvió a 42 extranjeros a su país, se refirió a las más de 28 mil órdenes de expulsión administrativas pendientes que fueron informadas por el Gobierno en mayo de este año y aseguró que "desde 2022 a la fecha, hemos dictado más de cuatro mil expulsiones y va creciendo día a día".
Sin embargo, apuntó que emitir la acción es mucho más rápido que concretarla, ya que, como principal dificultad existe "detectar y detener a las personas, saber dónde están y que las policías puedan detenerlas para iniciar los procesos de materialización".
En ese sentido, aclaró que "ya la ministra del Interior (Carolina Tohá) lo ha señalado, se está trabajando en una propuesta para establecer un mecanismo de control de las personas que tienen una expulsión administrativa dictada. Consideramos que es inaceptable que una persona que tiene una expulsión dictada no se presente ante la autoridad, debe tener la obligación y por eso estamos trabajando en una propuesta legislativa para alguna de manera obligar a las personas para presentarse ante la autoridad".
