El Gobierno afirmó que a la fecha hay más de 28 mil órdenes de expulsión administrativa de extranjeros pendientes, y reforzó su compromiso de avanzar en la iniciativa para endurecer el control de estos mientras se ejecutan sus deportaciones.
El dato lo informó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), durante su comparecencia en la comisión investigadora sobre inteligencia y crimen organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados.
"Chile tiene acumuladas 28.000 órdenes de expulsión, que no es de este Gobierno, es acumulado por la historia de la historia", puntualizó.
El año pasado se informaba de 20 mil deportaciones pendientes de este tipo.
Tohá advirtió que "mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están" los extranjeros sujetos a la medida; "no sabemos nada de ellos".
"Entonces, el país necesita dar pasos adicionales, y uno de ellos se va a dar en una modificación que el Ejecutivo va a proponer, que esperamos que el Congreso acoja, para tener un régimen más estricto para controlar a las personas que están con orden de expulsión y que ésta todavía no se ejecuta", apuntó, reafirmando un compromiso de La Moneda.
El proyecto fue ingresado hace un par de semanas a la Cámara Baja, y se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior con suma urgencia. Entre otros puntos, faculta a la Subsecretaría del Interior para autorizar a las policías el ingreso a los domicilios a fin de detener a las personas para quienes se haya decretado la expulsión por causas graves vinculadas a la seguridad y orden público.
En tanto, la ministra destacó genéricamente, sin precisar cifras, que el año pasado se registró el segundo nivel más alto de la historia en cuanto a expulsiones concretadas, y aseguró que este 2024 serán todavía mayores.
"CAPACIDAD LIMITADA"
También expuso el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien resaltó que "en lo que va de Gobierno se han dictado, al mes de abril, 4.108 expulsiones" y "se han materializado 588 expulsiones sólo administrativas".
"Hoy día se puede notificar a través de los correos electrónicos y tenemos un desarrollo que nos va a permitir agilizar las notificaciones. Entonces en el corto plazo vamos a tener más notificaciones de expulsión. Y lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad logística y material, primero para detectar y detener a las personas. Tenemos capacidad como Estado limitada respecto de la necesidad de materializar estos procedimientos de expulsión", explicó.
Detalló que durante esta Administración se han destinado 13 aviones para expulsar extranjeros, principalmente de la Fuerza Aérea, pero también se ha comprado pasajes en vuelos comerciales, como lo permite el Presupuesto de la Nación.
Considerando esos antecedentes, la senadora por Antofagasta Paulina Núñez (RN) afirmó que "estamos frente a expulsiones ideológicamente falsas", puesto que "el Gobierno no tiene idea de quiénes están en nuestro país con orden de expulsión para poder hacer su trabajo y hacerlo bien: que estos personajes terminen en su país, y no sigan estando en Chile, menos aquellos que eventualmente cometen delitos".
"Es una muestra más de la poca diligencia que ha tenido el Gobierno en esta materia, la poca decisión en sus acciones, y evidentemente, pasa el tiempo y se empieza a transparentar y a salir la verdad", cerró la parlamentaria.
