El Gobierno comenzó a notificarlos para analizar cada caso de manera individual, antes de resolver posibles expulsiones.
Durante el proceso se inscribieron más de 155 mil extranjeros.
Desde el Ejecutivo descartaron expulsiones masivas, que "no existen en el derecho chileno".
Durante el proceso extraordinario de regularización para inmigrantes que habían ingresado a Chile hasta el 8 de abril de 2018, se registraron más de 155 mil inscripciones.
A casi nueve meses, el Gobierno ya revisó cerca de 140 mil casos y ya comenzó a notificar a los 12 mil que no cumplieron los requisitos para regularizar su situación migratoria -un número considerable se inscribió pese a haber ingresado después de la fecha tope-, lo que no significa que serán expulsados inmediatamente.
"Lo que se realiza ahora son procesos individuales, administrativos, donde se ponderan las circunstancias y condiciones de cada persona en específico, y se toma la decisión de sancionarlos con expulsión o, en su defecto, otro tipo de sanción u otra posibilidad", explicó Mijaíl Bonito, asesor en materia de migración del Ministerio del Interior.
"No hay expulsiones colectivas, eso no existe en el derecho chileno y está prohibido en el derecho internacional", aclaró.
De esos 12 mil, 100 tienen antecedentes penales por delitos graves como narcotráfico o robo, a los que sí se les tramitará la expulsión inmediata; en tanto, dos mil cometieron delitos menores.
En 2018 se realizaron 2.034 deportaciones -1.750 decretadas por tribunales y el resto por vía administrativa-, un 47 por ciento más que el año anterior.
Experto pide foco en la integración y no en expulsión
El abogado Pablo Valenzuela, experto en migración, cuestionó a las autoridades porque, "lo primero, hasta cuándo ponemos el foco en las expulsiones y no nos preocupamos de la integración"
"El subsecretario (del Interior, Rodrigo) Ubilla ponía en el mismo saco a personas que habían cometido delitos con quienes solamente han caído en irregularidad por razones administrativas, incumplimiento de la normativa migratoria, y ahí creemos que hay que diferenciar y señalar que la respuesta ante la irregularidad por razones administrativas tiene que ser abrir opciones para la regularización".
En tanto, el Ejecutivo y la PDI aumentaron las fiscalizaciones para buscar a quienes no se inscribieron en el proceso del año pasado.
