El director Tomás Vicuña dijo que las deportaciones no son nuevas y que en los últimos cinco años se realizaron 6.000.
Ministro Chadwick dijo que tienen derecho a defensa, pero eso no inhabilita al Estado para cumplir la ley.
Este jueves fueron deportados 51 colombianos.
Agrupaciones de migrantes y de derechos humanos acusaron vulneración de derechos en la expulsión de una parte de los 51 colombianos que fueron trasladados en un avión de la FACh con destino a Bogotá.
De ellos, 32 fueron expulsados por orden judicial y los otros 19 por orden administrativa, es decir, por tener antecedentes penales en Chile o Colombia, y es sobre estos últimos casos en que surgen dudas si se cumplió el debido proceso.
Según la directora de la clínica jurídica de migrantes de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas, si bien la ley faculta la expulsión, hay una serie de consideraciones que no se están cumpliendo.
"La ley faculta efectivamente a expulsar a personas extranjeras cuando tienen antecedentes penales en el país de origen o cuando cometen un delito en Chile, pero ¿cuál es el asunto? En nuestra experiencia de casi 10 años hemos podido ver que en las resoluciones que expulsan a personas nunca se toman en cuenta otros antecedentes, como la familia de la persona, los hijos menores de edad que tiene, cómo cumplió la pena, si la cumplió a cabalidad y ha tenido una conducta intachable y ahora está reinsertado a la sociedad", dijo Vargas.
"Me pregunto si acaso en cada uno de estos 19 casos al menos se hizo este análisis", añadió.
Servicio Jesuita Migrante pide no estigmatizar a extranjeros
También hay críticas desde el Servicio Jesuita Migrante en voz de su director nacional, José Tomás Vicuña, quien puso el acento en la meta de la que ya habla el Gobierno: dos mil expulsados hasta fin de año.
Además, acusó que se está ante un aprovechamiento político de un tema que rinde frutos, pero que esto no es una competencia.
"Acá tiene que haber, y a propósito de lo que ha vivido Chile en las últimas semanas, proceso amparados en los derechos humanos no en metas transitorias", aseveró Vicuña.
"Hay que tomar en cuenta que el Estado realiza deportaciones, los últimos cinco años han habido seis mil deportaciones, esto no es algo nuevo, no hagamos de esto algo mediático, no hagamos de los migrantes nuestra agenda política y por otro lado garanticemos los derechos humanos y el debido proceso. Esto no es una competencia por quien deporta más gente", enfatizó.
Senador PS: "Si hay denuncias, deben ser investigadas"
Mientras que el diputado socialista Marcelo Díaz expresó que si bien no conoce los casos en particular, le parece "bien que se hagan estas denuncias, que se investiguen, porque los Gobiernos, todos los Gobiernos tienen facultad de expulsar y creo que ningún Gobierno ha dejado de usarla y ningún Gobierno dejará de usarla, pero eso también tiene normas".
"Normas internas y normas internacionales. Si hay denuncias, deben ser investigadas, y si hubo expulsiones que hayan sido vulneratorias de los derechos humanos, el Gobierno tendrá que responder", expresó.
Chadwick: Derecho a defensa no impide hacer cumplir la ley
A su vez, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondió y aseguró que el Estado tiene todo el derecho de aplicar la ley.
"Todos tienen derecho a defensa y pueden ejercer su derecho a defensa, pero el derecho a defensa no invalida ni inhabilita a que el Estado de Chile, en uso y aplicación de su ley, al igual como ocurre con cualquier ciudadano chileno, haga cumplir la ley y la ley le da atribuciones a las policías y al Ministerio del Interior para dictar los decretos de expulsión en caso de encontrarse en forma ilícita en nuestro país", comentó el secretario de Estado.
Desde el Ministerio del Interior aseguraron que los 2.000 expulsados no son una meta para este año y que este es el tercer operativo realizado de similares características.
