Abogados querellantes del caso de la tragedia aérea de Juan Fernández recurrieron a la Corte Suprema para intentar reabrir la investigación sobre el accidente donde fallecieron 21 personas.
Aseguran que la justicia debe imputarle responsabilidad a los ex altos mandos de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por la caída del avión Casa 212 el 2 de septiembre de 2011.
Los abogados Cristián Arias y Alfredo Morgado recurrieron este lunes al máximo tribunal del país y su sala penal tras el fallo de la Corte Marcial de rechazar reabrir la investigación. Arias argumentó que no se dio una investigación correcta respecto a otros hechos y no solamente sobre las causas del accidente.
"En términos de que no se hizo efectiva la responsabilidad por cuasidelito de homicidio respecto de oficiales o ex oficiales de la FACh, que incumplieron sus deberes de reglamentar el vuelo seguro al archipiélago y, al mismo tiempo, deja sin sanción hacer efectiva la responsabilidad por los delitos de incumplimiento de deberes militares de esos mismos oficiales y ex oficiales", explicó.
Añadió que "nosotros pedimos en varias oportunidades y en distintas causas del proceso hacer efectiva esa responsabilidad, la decisión terminal de la justicia militar fue el sobreseimiento definitivo y por lo tanto, cuando se pronunció recientemente esa decisión, nos permite ir a la Corte Suprema".
"No sería necesario aportar otros antecedentes"
Además, la petición se sustenta en el sumario interno que tuvo FACh donde se sancionó a 13 oficiales, entre ellos, tres generales. En esa materia, Arias comentó que lo más importante es que toda la verdad quede en materia judicial.
"Desde nuestra perspectiva, se acreditó las responsabilidades que nosotros queremos que se hagan efectivas y, en definitiva, no sería necesario aportar otros antecedentes más que la investigación de la FACh pero que, en todo caso, sabemos su resultado para hacer efectiva esta responsabilidad", sostuvo el abogado querellante.
La presentación de los abogados será revisada en los próximos días por la sala penal en su admisibilidad, y en caso de ser admitida a trámite, tendrá un plazo de al menos un mes para su revisión por la sala penal del máximo tribunal.