El Ministerio Público alista su acusación en contra de Francisco Solar y Mónica Caballero, imputados por la bomba con dinamita enviada al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, la que permaneció en su oficina de Quiñenco por varios minutos antes de ser interceptada por el GOPE de Carabineros el 25 de julio del 2019.
Cabe recordar que el frustrado atentado se reportó sólo minutos después de que detonara un artefacto explosivo en la 54º comisaría de Huechuraba, y que se estima que Hinzpeter no alcanzó a abrir el paquete al demorarse durante su hora de almuerzo.
Solar y Caballero, absueltos a inicios de la década pasada por el "caso Bombas I", fueron identificados como presuntos responsables de este hecho por la Fiscalía Metropolitana Sur tras un año de investigación, y se prevé que la institución solicite más de 50 años de presidio para el antropólogo, y más de 20 para su expareja, consignó La Tercera PM.
Entre medio de ambos casos, los imputados fueron condenados y expulsados de España tras instalar y detonar una bomba en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, instalándose por un tiempo breve en la Región del Maule antes de retomar las andanzas anarquistas, según la inédita confesión de Solar, difundida en diciembre del 2021.
En su escrito de 11 páginas, el imputado recuerda que el ataque contra Hinzpeter fue concebido "como venganza contra personas ligadas a la represión y al poder empresarial", características que -a su juicio- el exministro cumplía por su rol en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, y al ser gerente del grupo Quiñenco en 2019.
Así las cosas, el dúo está acusado de los delitos de envío y colocación de artefactos explosivos, así como de homicidio frustrado y daños calificados, en razón de la bomba que explotó en la comisaría de Huechuraba, por lo que ambos se encuentran en prisión preventiva desde julio del 2020, recluidos en la Cárcel de Alta de Seguridad y la Cárcel de Mujeres de San Miguel, respectivamente.
El vespertino sostiene que para el antropólogo, el Ministerio Público calcula una pena de 15 años y un día por el envío de encomienda explosiva, a lo que se suman más de 20 años por el homicidio frustrado del uniformado que resultó herido al abrir el paquete que llegó a la unidad policial, y otros 20 años por el mismo delito, en el caso del exministro Hinzpeter.
Mientras que para Caballero, la Fiscalía estudia pedir tres penas diferentes, partiendo con los 540 días por su colaboración en los hechos, y siguiendo con una pena de más de 15 años por algún grado de participación en los homicidios frustrados.
