Ernesto Llaitul y otros cuatro sujetos eran acusados por un atentado incendiario ocurrido en septiembre del 2021.
El fallo del TOP de Los Ángeles estableció que las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron demostrar la participación de los imputados.
Este martes, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Los Ángeles, en la Región del Biobío, absolvió a Ernesto Llaitul Pezoa y otros cuatro integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en la causa llevada en su contra por un atentado incendiario.
Esto, en el marco del segundo juicio que se llevó a cabo en la materia, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de nulidad y decretara la anulación del juicio anterior, en el cual el hijo del líder de la CAM había sido condenado a una pena de 15 años de presidio.
Llaitul Pezoa y otros cuatro sujetos -Esteban Ignacio Henríquez Riquelme, Ricardo Delgado Reinao, Roberto Villouta Alcamán y Eduardo Mauricio Cornejo Vidal- eran acusados por el Ministerio Público como coautores de dos delitos frustrados de homicidio y dos delitos de incendio de camión, uno en carácter de consumado y el segundo tentado, por un atentado incendiario ocurrido el 9 de septiembre del 2021 en el predio forestal "Punta Arenas" en la comuna angelina.
En fallo dividido, el tribunal determinó esta mañana que las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron demostrar la participación de los imputados en los hechos.
"Con todo, la referida prueba fue insuficiente para demostrar, más allá de toda duda razonable, que los encausados fueron quienes, con sus rostros cubiertos, premunidos de armas de fuego y elementos destinados a producir fuego y causar un incendio, llegaron hasta el predio Punta Arenas, intimidar a las víctimas, dispararon y prendieron fuego", estimó el juez Gino Vial.
A la salida de la audiencia, Llaitul Pezoa acusó que él y los otros miembros de la CAM fueron blanco de un "montaje" liderado por las autoridades políticas a través de la implantación de pruebas.
"Que tengan todo el newen, que tengan toda la fortaleza, que ningún comunero, ningún peñi tiene que estar arrepentido por luchar por su pueblo, por luchar en contra de las forestales. Y esto es solamente por motivos políticos, razón política en contra de la CAM. Y aquí se demostró que la Fuerza de Tarea Macrozona Sur y la Fiscalía, incluso implantó pruebas para poder condenarnos", manifestó.
AHORA| Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles, en segundo juicio, absuelve a Ernesto Llaitul Pezoa y otros cuatro integrantes de la CAM por los delitos de incendio y homicidio frustrado en el fundo Punta Arenas en 2021 @Cooperativa
— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 23, 2024
Por su parte, el fiscal Juan Yáñez, con dedicatoria exclusiva en delitos de violencia rural, acusó que "la defensa se dedicó a denostar, a ser peyorativo, a llevar esto a un punto de vista total y absolutamente política".
"Lo único que escuchamos durante todo el juicio fueron, incluso, impresiones vertidas en contra de este compareciente y en contra del compareciente de la Delegación Presidencial", detalló.
"Cuando usted tiene un fallo absolutorio y ha observado que la defensa no ha presentado ninguna prueba, donde se ha dedicado a destruir una prueba, que lo tiene que hacer es depurar la prueba, ahí uno se siente insatisfecho", manifestó el persecutor respecto al fallo.
Ante esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve apuntó que "es una decisión de la justicia que el Gobierno, como ocurre en todos los fallos, tiene que respetar. Eso es lo que le corresponde al Gobierno".
"Hay que recordar que hubo un primer juicio que lo declaró culpable, él apelo en unidad a una Corte de Apelaciones y ella hacer un segundo juicio y, por lo tanto, hay un fallo y ese fallo no corresponde más que respetarlo", indicó.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, reparó en que "habitualmente en este tipo de caos, por un problema de estándar de pruebas, es también en algún sentido la forma y modo en que se llevó la investigación, pero este es un asunto que exige por parte de todos tener un adecuado ejercicio de comprensión que el sistema de justicia condena, cuando hay más allá de toda duda razonable, y en ocasiones, esto nos obliga a mirar la calidad de las investigaciones".
Más temprano en la mañana, la delegada presidencial del Biobío –querellante en la causa-, Daniela Dresdner, señaló que "queda esperar la llegada de esta sentencia de manera oficial y poder ver con los equipos legales cuáles son las medidas que se van a tomar respecto de eso".
No obstante, al tratarse de un segundo juicio, son pocas las opciones que les quedan al Gobierno y a los querellantes para poder apelar al fallo.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó esta situación como "muy lamentable. Como ustedes saben, en ese juicio y ese procedimiento se había dictado una condena en el primer juicio, la Corte de Apelaciones anuló ese primer proceso, y luego en el segundo juicio, por voto de mayoría, se dictó una sentencia absolutoria".
"Lo más grave de todo esto es que delitos tan graves queden impunes, en definitiva. Los fiscales a cargo de la causa tienen que analizar si es posible ejercer nuevos recursos o acciones procesales, pero con lo que me quedo es con la sensación amarga que esto puede terminar en impunidad de delitos muy graves, pese a que tuvimos una sentencia condenatoria muy sólida en el primer procedimiento", sostuvo.
La lectura de sentencia ocurrirá los primeros días de agosto.
