La directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, rechazó que deba reponerse la pena capital para violadores y asesinos de menores.
La muerte de la menor de un año y 11 meses en Puerto Montt, presuntamente asesinada por su padre, ha reabierto el debate a nivel nacional.
En medio de la polémica por el crimen de la pequeña Sophia y las voces que piden replantear la pena de muerte, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu) y vocera del Bloque por la Infancia, Francis Valverde, descartó que sea una solución preventiva efectiva reponerla.
La muerte de la menor de un año y 11 meses en Puerto Montt, presuntamente abusada sexualmente y asesinada por su padre, ha provocado que sectores de la sociedad civil propongan reponer la pena de muerte para violadores y asesinos de menores de edad (una "Ley Sophia"), situación que ha reabierto el debate a nivel nacional.
Al respecto, Valverde dijo en El Diario de Cooperativa que "el aumento de penas es una posibilidad siempre", pero puso en duda que "la solución sea sólo aumentar las penas": "Evidentemente el aumento de penas es un mandato, y debiera ser factible -porque eso es un poder que tiene el Legislativo para asumirlo- y yo percibo que no habría ninguna dificultad para aumentar las penas".
Sin embargo, explicó que endurecer las condenas "no implica la pena de muerte, porque la pena de muerte ya fue proscrita en Chile y la pena de muerte, no va a revivir a la niña, desafortunadamente, ni va a solucionar el problema de fondo".
"El extremo de la pena de muerte no (es una posiblidad), porque ya fue proscrita en Chile, no es regresiva, es un compromiso internacional, pero además se ha demostrado no soluciona los problemas", remarcó la titular de la Achnu, dedicada a la protección y promoción del ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
"En Chile no hay protección ni prevención de delitos de esta categoría, y eso es producto de que Chile no ha asumido como Estado su responsabilidad en el cuidado y la protección de niños y niñas y la prevención de vulneraciones graves de derechos, en este caso de homicidios y crímenes extremos", profundizó la directora.
"No hay cómo justificar que no se haya prevenido"
"Esta familia ya había hecho denuncias, el vecindario conocía los problemas, se escuchaban los gritos. No hay cómo justificar que no se haya hecho un acto de prevención antes de que ocurriera esta tragedia de la magnitud que tiene", cuestionó la experta.
"Tenemos que saber y trabajar en la perspectiva de cuáles son las condiciones que provocan que un humano como éste llegue a tal brutalidad, qué estamos haciendo como sociedad y como Estado para prevenir este grado de brutalidad", acotó.
Actualmente, el delito de violación a menores de 14 años tiene como pena máxima 20 años de cárcel, con la posibilidad de acceder a beneficios después de haber cumplido dos tercios de la condena; mientras que en el caso de un parricidio las penas van desde 15 años y un día a presidio perpetuo calificado.
