Tras una exitosa operación policial, la justicia determinó la medida cautelar de prisión preventiva para siete de los ocho integrantes de la banda criminal conocida como "Las Cholas", quienes operaban en la comuna de Cartagena, en la Región de Valparaíso.
La organización, que utilizaba como base un terreno tomado de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), es vinculada a una serie de delitos violentos que mantenían en vilo a la provincia de San Antonio.
El operativo culminó con la formalización de cargos por asociación criminal, microtráfico, contrabando y una serie de crímenes de sangre.
Según detalló la Fiscalía, al menos cinco de los detenidos estarían involucrados en tres homicidios consumados -uno de ellos incluyó el incendio de la vivienda de la víctima- y dos homicidios frustrados.
El fiscal del caso, Juan Carlos Catalán, detalló que "esta es una asociación criminal que se dedica al narcotráfico y que en el último tiempo cada vez ha estado aumentando los hechos de violencia".
"Había hechos de homicidios frustrados y homicidios consumados, en donde ellos o integrantes de esta banda eran los autores, y en muchas ocasiones también con bandas rivales", afirmó el persecutor.
Recuperación del espacio público
Paralelamente a la formalización en el Juzgado de San Antonio, fuerzas de Carabineros y personal del Ministerio de Seguridad desalojaron y destruyeron las estructuras que la banda utilizaba en la ex estación de ferrocarriles de Cartagena.
"Son organizaciones criminales que estaban peleando el territorio; dentro de ellos, 'Las Cholas' y otras organizaciones criminales, todas chilenas (...) Es importante y es un hito relevante esta desarticulación realizada por Investigaciones de Chile para llevarlos ante la justicia", subrayó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
"Lo importante es el desalojo y la destrucción para que esto no vuelva a ser tomado", enfatizó la secretaria de Estado, que agregó que el Gobierno ya estudia la instalación de infraestructura permanente para evitar nuevas ocupaciones ilegales en el sector.
El tribunal decretó un plazo de 100 días para la investigación, periodo en el cual se espera realizar nuevas diligencias y determinar si existen más implicados o delitos vinculados a esta organización criminal.
