Este jueves, ante el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando, comenzó el juicio contra Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, imputado por presunto abuso sexual reiterado contra cuatro menores de edad.
En su llegada al TOP, acompañado de familiares, Macaya Zentilli, de 71 años, dijo escuetamente que está "tranquilo" frente al proceso, por el que arriesga 12 años de cárcel, pena que solicitó el Ministerio Público en la acusación.
Su hijo, el senador Macaya, se hizo presente como testigo.
Durante la audiencia, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, sostuvo a Cooperativa que "hoy se ha iniciado el juicio contra el señor Macaya, todos los intervinientes han prestado sus alegatos de apertura y ha declarado el imputado, y proyectamos que (el proceso) dure de dos a tres semanas".
"Hemos ratificado la petición de pena en nuestro alegato de apertura y esperamos lograr un veredicto condenatorio una vez que se rinda toda la prueba del Ministerio Público", agregó el persecutor.
El ingeniero agrónomo había sido arrestado en junio del 2023, tras destaparse el caso a raíz de la denuncia de la familia de una niña de 12 años. Tras su formalización, pasó poco más de un mes en prisión preventiva, y fue excarcelado en julio de ese año, cuando la Corte de Apelaciones Rancagua determinó aplicarle la cautelar de arresto domiciliario total, previo pago de una caución de 150 millones de pesos.
Su libertad generó críticas en el mundo público y parlamentario, al punto de que diputadas ingresaron al Congreso una "ley Macaya", para asegurar el encarcelamiento de los imputados de abuso sexual contra menores.
Macaya Zentilli ha insistido en su inocencia. "No estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido", dijo en abril del corriente, en una declaración pública tras la audiencia de preparación de juicio oral. También acusó un "sesgo" de la Fiscalía, supuestamente motivado por el cargo político de su hijo, y que "basa toda su prueba" en un material audiovisual "editado", que "no corresponde a videos de abusos, sino que de un entorno familiar".
Una parte querellante solicitó una pena de 17 años de cárcel, mientras que la Defensoría de la Niñez se adhirió a los 12 años pedidos por la Fiscalía.
Se estima que el juicio oral se extienda por dos semanas, con carácter reservado para proteger los derechos de las víctimas.
En ese sentido, la jueza Marisol López informó que "se prohibe el acceso de los medios de comunicación en la sala de audiencias durante todo el desarrollo del juicio oral. Asimismo, se prohíbe la difusión -por parte de los medios de comunicación- de la identidad de las víctimas y de cualquier información directa o indirecta que pueda permitir dar con las identidades, así como los hechos de la causa".
"Asimismo, siendo también solicitud de todos los intervinientes, se va a prohibir el acceso al público en general.
