El TOP de San Fernando acreditó su culpabilidad en dos de los cuatro hechos acusados por la Fiscalía de O'Higgins.
Aquel estándar "no se alcanzó respecto a las imputaciones por los Hechos II y III", también reportados en Placilla.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins pide aplicarle una pena de 12 años de cárcel.
En forma unánime, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando declaró culpable a Eduardo Macaya Zentilli de dos casos de abuso sexual reiterado contra menores de edad, hechos que tuvieron lugar en la comuna de Placilla.
La lectura del veredicto se realizó de manera reservada, tal como el juicio que enfrentó desde el pasado 13 de junio, con el afán de proteger a las afectadas.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, que pide una pena de 12 años de cárcel por esta causa, originalmente lo había acusado de cuatro hechos de abuso sexual reiterado en Placilla.
"El conjunto de la prueba portada durante el juicio, más la declaración prestada por el propio acusado (...) fue suficiente en el caso de los Hechos I y IV de la acusación para establecer de modo sustantivo, y más allá de toda duda razonable, los presupuestos fácticos planteados por los acusadores, y con ello cada uno de los elementos de los delitos establecidos, más la autoría directa del encartado, derribando así la presunción de inocencia que le ampara, estándar que no se alcanzó respecto a las imputaciones por los Hechos II y III", explicó la jueza Marisol López.
En concreto, fue declarado culpable de dos ilícitos "cometidos en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, pero en el mismo día, cuando tenía 8 o 9 años", y otros dos cometidos por separado contra una cuarta víctima, "entre los meses de abril y mayo del año 2022, y el segundo en un día indeterminado entre el fin de semana del 6 al 9 de abril del año 2023, o en un día indeterminado del último fin de semana de abril al 1 de mayo del mismo año".
A la vez, el tribunal determinó absolverlo en dos casos: un delito "supuestamente cometido en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, cuando ella tenía 8 años", y otro reportado por "una de las víctimas en fecha indeterminada, entre los meses de junio y julio de 2022, cuando tenía 7 u 8 años".
A fines del mes pasado, el proceso continuó sólo con dos magistrados debido a problemas médicos de una jueza, pero al finalizar con un fallo unánime, se descarta la posibilidad de que quede nulo.
En forma unánime, TOP condenó por dos de los cuatro hechos acusados por la @fiscaliaohiggin al padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya @Cooperativa https://t.co/OSVXb1zTq6
— Paola Moreno Pérez (@pakamope) July 10, 2024
El hijo de Eduardo Macaya, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, declaró en el proceso en calidad de testigo, pero no apareció en la audiencia de esta jornada, a la cual el condenado arribó acompañado de su abogado.
El jurista Mauricio Daza, experto en Derecho Penal y Procesal Penal, indicó en Cooperativa que "el problema grave en este tipo de casos, sobre todo cuando se trata de delitos de connotación sexual en contra de menores de edad, es que finalmente, cada vez que se tienen que enfrentar a un procedimiento donde se analizan los hechos imputados, obviamente existe una revictimización por parte de las personas afectadas, y esto genera un mayor daño, aún a las personas que son señaladas como víctimas".
A fines de diciembre de 2023, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante de Macaya, recurrió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad, para evitar la cárcel si es condenado por abuso sexual, aunque la instancia rechazó el libelo.
Otro hecho que causó polémica en el caso fue que el imputado haya obtenido la libertad previo pago una fianza de 150 millones de pesos.
Ante este escenario, diputadas oficialistas presentaron en enero pasado un proyecto denominado "Ley Macaya" para evitar que acusados por delitos sexuales contra menores obtengan la libertad.
"Independiente del poder económico o de facto que pueda tener el imputado, (la iniciativa busca que) no pueda cambiar su prisión preventiva pagando una fianza, como fue en este caso, de 150 millones de pesos ni ninguna cifra", sostuvo la diputada Marcela Riquelme (Frente Amplio), impulsora del proyecto.
La parlamentaria resaltó que "la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes está primero, por sobre cualquier otro principio penal; por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley hace meses y estamos esperando su pronta tramitación en el Congreso. Llamamos a las demás fuerzas políticas a sumarse a esto, porque la protección de los niños, niñas y adolescentes es esencial y es básico".
