Continúa la polémica tras la cuestionada liberación de 23 presuntos narcotraficantes que fueron detenidos por la PDI durante un operativo en Ovalle, Región de Coquimbo, donde fueron incautados 1.600 kilos de cannabis, 111 kilos de droga procesada, vehículos y armas.
Tras la captura de los sospechosos durante la denominada "Operación Diamante Verde", el juez de Garantía ovallino, Luis Muñoz, rechazó la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y, en cambio, autorizó que los imputados pudiesen obtener su libertad previo pago de una caución de dos millones de pesos.
Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo apeló la decisión ante la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, que ayer martes concedió una orden de no innovar y ordenó mantener a los 23 imputados en prisión mientras resuelve el fondo del recurso.
A raíz de lo anterior, Carabineros detuvo este miércoles en la localidad de Guanaqueros a una presunta integrante de la agrupación criminal: una mujer de 25 años que fue aprehendida durante un control rutinario.
La mujer es acusada de tráfico de drogas, lavado de activos y tenencia ilegal de armas, mismos delitos que fueron imputados al resto de los presuntos miembros de la banda.
Sin embargo, los otros 22 sospechosos todavía permanecen prófugos y son buscados intensamente por la policía uniformada.
Según explicó el jefe de la Tenencia Tongoy, subteniente Marcelo Jauneaud, "la mujer fue puesta a disposición de la Justicia y enfrentará el día de hoy su control de detención".
En paralelo, las defensas de cuatro de los imputados ingresaron hoy un recurso de reposición para dejar sin efecto la orden de no innovar, pero fue rechazado esta misma tarde por la Corte de La Serena.
El delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, señaló que "acá hay una investigación muy profesional entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, que se prolongó por más de un año y medio y que permitió detener a esta banda, pero también develar importantes aspectos en materia de lavado de activos y del patrimonio que tienen este tipo de organizaciones. Nosotros no los vamos a dejar tranquilos".
Por otro lado, cuatro de los imputados presentaron un recurso de reposición al tribunal de alzada serenense para dejar sin efecto la orden de no innovar, lo que fue rechazado por la corte, por lo que siguen vigentes las órdenes de detención.
MINISTERIO DEL INTERIOR SE QUERELLARÁ
Desde el Gobierno central, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (Partido Socialista), anunció que el Ministerio se hará parte de la causa mediante una querella: "Nos parece que hay que garantizar las medidas más duras posibles por la ley", afirmó.
"Aquí hay a lo menos dos momentos: uno donde una investigación permite incautar 1.600 kilos de drogas que estaban escondidos en piqué mineros y, posteriormente, una investigación permite el ingreso y allanamiento a 28 domicilios, que es lo que permite finalmente detener hasta 23 personas, encontrándose drogas, dinero -más de 280 millones de pesos-, dólares, armas. O sea, es evidente que había una investigación en el marco de una estructura criminal", remarcó la autoridad.
Con esos antecedentes, "nos parece que estas personas debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio", enfatizó, valorando la decisión preliminar de la Corte de La Serena.
