El Gobierno espera que a fines de este año pueda ser aplicable el uso de tobilleras electrónicas en quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar y tengan prohibición de acercarse a la víctima, así como en las causas de "alto riesgo" que conozcan los Tribunales de Familia.
Esto luego de que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, acordara fusionar el proyecto del Ejecutivo, aún primer trámite, con una iniciativa de la senadora Adriana Muñoz (PPD), que va en el mismo sentido y que se encuentra en comisión mixta, en los últimos pasos de la tramitación en el Congreso.
El acuerdo se logró en la sesión de hoy de aquella instancia, donde participaron el ministro Larraín y la titular de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, lo que permitirá acelerar el debate: las estimaciones del Gobierno son que la ley sea despachada pronto, para su promulgación a más tardar en mayo y así comenzar su aplicación a fin de año, pues hay seis meses de vacancia.
"Todos sabemos que el incremento de las agresiones a mujeres, incluso de femicidio, una vez que estas (las mujeres) denuncian, ha sido una realidad, porque Carabineros no logra controlar las medidas que prohíben el acercamiento", reconoció Larraín.
Ante ello, la idea es que "se instale el monitoreo telemático como medida cautelar tanto en Tribunales de Familia, como penales", puntualizó.
"Esperamos que el Congreso pueda despacharlo en poco tiempo y empezar a aplicarlo a fines de este año a más tardar", reiteró el titular de Justicia.
No obstante, la diputada Maite Orsini (RD), presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, considera que los requisitos planteados en la iniciativa pueden hacerla "impracticable".
El texto dice que debe haber "antecedentes que permitan presumir fundadamente que se ha cometido un delito, que existan antecedentes graves y calificados que permitan al juez considerar que es indispensable, o sea que sin esto no se logra proteger a la víctima", cuestionó.
"Y además el informe de riesgo, entonces me preocupa muchísimo que aprobemos un proyecto de ley que finalmente sea imposible de acceder por parte de las mujeres víctimas de violencia", apuntó.
La legislación actual aplica el uso de tobilleras electrónicas sólo en las personas que son condenadas por diversos delitos, pero no en la fase investigativa.
