El Gobierno presentó más de 500 querellas por la Ley de Seguridad del Estado en los primeros tres meses desde el estallido social, cifra que es cuestionada por la decisión de esperar antes de participar en el proceso por la compra venta de un arma AK-47.
De acuerdo al último balance, desde el 18 de octubre hasta el 17 de enero, el Ejecutivo ha presentado 504 acciones judiciales amparado en esta ley, mientras que en el año anterior solamente fueron ocho querellas.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que "la señal política es de total coordinación con la Fiscalía, de tal manera que contribuyamos a la investigación y no la obstaculicemos o entorpezcamos".
"Conversé con el fiscal, requerimos los antecedentes y la respuesta de la Fiscalía fue que esta investigación había sido declarada secreta y que los antecedentes iban a ser liberados una vez que se deshaga esa reserva", sostuvo.
El abogado penalista Mauricio Daza comentó que "esto reafirma que finalmente la Ley de Seguridad del Estado es una ley la cual básicamente lo que hace es criminalizar las manifestaciones que van en contra del gobierno de turno".
"Obviamente se trata de un instrumento el cual debiese ser revisado, derechamente derogado, ya que para la persecución de estas conductas basta el ordenamiento jurídico general y la aplicación del derecho penal normal, con las garantías que proceden en todo este ámbito", dijo.
Desde el inicio del estallido social, se han presentado casi cuatro mil querellas por desórdenes públicos, 292 por incendio, más de mil por maltrato de obra a carabineros, tres mil por receptación y 4.300 por saqueos.
