El hombre fue considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad.
Es el esposo de una de las mujeres formalizadas esta semana.
Se trata del segundo imputado que queda sujeto a esta medida cautelar.
Este jueves se decretó la prisión preventiva para el sexto sospechoso en la compra y venta de un fusil AK-47 que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, causa que mantiene bajo secreto, luego que el sujeto se entregara a la Justicia durante la jornada.
Esta semana fueron formalizadas cinco personas por porte y tenencia de armas de fuego, tres hombres y dos mujeres, en una audiencia que se desarrolló a puertas cerradas y bajo fuertes medidas de seguridad en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó 120 días para la investigación y dejó a sólo uno de los imputados en prisión preventiva.
El sexto sospechoso es Matías Ugalde, quien es esposo de una de las mujeres formalizadas, Valeria Palma.
Su abogado defensor, Luis Inostroza, aseveró que "el razonamiento del tribunal es que en base a los antecedentes que el Ministerio Público aportó en la audiencia, los consideró suficientes en cuanto al estándar que establece la ley para estimar como existente o concurrente los ilícitos por los cuales se ha formalizado".
"Nosotros estimamos que no son suficientes, que son bastante vagos y básicos, y además las circunstancias en que mi representado sería un peligro para la seguridad de la sociedad y en virtud de eso ha decretado la prisión preventiva", dijo.
El abogado indicó que "esta investigación no tiene ninguna relación con el tema del estallido social, de grupos organizados de ultraderecha que estén preparándose para el mes de marzo".
"El Ministerio Público me ha señalado que mi representado se dedicaría a la venta de armas, lo que nosotros desmentimos absolutamente y aquellas escuchas telefónicas que el Ministerio Público ha mencionado están absolutamente sacadas de contexto y efectivamente mantenía una deuda por un préstamo que le habían hecho anteriormente", sostuvo.
"En algún minuto se pensó por él, comprar esa arma, pero posteriormente se dio cuenta que estaba en un error, porque en una primera conversación él pensó que era broma que tenía esta persona un arma de esta naturaleza y luego, con el envío de una fotografía, se dio cuenta que era verdad lo que estaba diciendo y por ningún motivo lo iba a hacer", precisó el defensor.
El fiscal Andrés Iturra destacó que "el día de hoy fue formalizado un imputado por delitos establecidos en la Ley de Control de Armas y en base a los antecedentes entregados la jueza estimó que existen suficientes antecedentes para estimar que en los delitos imputados le corresponde participación y que es un peligro para la seguridad de la sociedad".
"Todos los imputados que por lo menos estaban siendo investigados en esta investigación, están todos formalizados y con cautelares, ya sea prisión preventiva, arresto o firma", agregó.
Cuestionamientos al Ejecutivo
A raíz de este caso han surgido cuestionamientos al Gobierno por no querellarse invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, considerando que el arma corresponde a un fusil de guerra.
Hoy la vocera Karla Rubilar explicó en Cooperativa que debido a que la Fiscalía mantiene la investigación bajo secreto, querellarse "todavía no es una posibilidad cierta" para el Ejecutivo "dada la falta de antecedentes".
Respecto a la vinculación de personas de extrema derecha en este caso, la ministra dijo que sólo tienen esa información a través de la prensa.
El ministro (s) del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó durante la tarde que se pidieron antecedentes y que solamente podrán presentar una querella a partir del 20 de marzo.
Hoy requerimos antecedentes para presentar querella por la incautación de un rifle de asalto y munición a @FiscaliadeChile. La causa ha sido declarada secreta y se liberará información desde el 20 de marzo, solo entonces podremos presentar querella, según los delitos cometidos pic.twitter.com/zGAmMqWkRu
— Juan Francisco Galli (@GalliJF) February 20, 2020
