La Moneda no invocó la Ley de Seguridad del Estado.
La acción judicial es en contra de dos imputados, Matías Ugalde y José Valdés, quienes están en prisión preventiva.
El caso es indagado por la Fiscalía como tráfico de armas.
El Ministerio del Interior se querelló por los delitos de tenencia de armas y tenencia de municiones en contra de dos imputados por la venta de un AK-47, caso que indaga la Fiscalía como tráfico de armas.
En su querella, el Gobierno expone que Matías Ugalde y José Valdés "habrían llevado a cabo negociaciones para efectos de ejecutar una 'compraventa' cuyo objeto consistió en un arma de fuego de guerra tipo fusil, modelo AK-47 de manufactura rusa, y un cargador de 36 municiones", venta que se realizó por 1.500.000 pesos.
"Los hechos en que se funda esta querella, y que constituye una infracción a la Ley de Control de Armas, han afectado a la seguridad pública", agrega el documento.
La Moneda había sido criticada por su actuar frente a este caso y se había acusado desigualdad en el trato del Ejecutivo frente a distintos delitos, ante lo cual el Gobierno argumentó que estaban imposibilitados de realizar acciones legales por el carácter de secreto de la indagatoria.
Si bien finalmente se presentó una querella, el Gobierno no invocó la Ley de Seguridad del Estado.
En la acción judicial, el Ministerio de Interior expuso que "los hechos en que se funda esta querella, y que constituyen una infracción a la Ley de Control de Armas, han afectado a la seguridad pública".
"Resulta claro que nos encontramos ante un hecho gravísimo, toda vez que estamos ante un delito con altas penas asignadas y que, indudablemente, afecta la seguridad pública, generando en la población, o en un sector importante de ella, el temor de ser víctima de un delito", añaden en la querella.
Tanto Ugalde como Valdés se encuentran en prisión preventiva, en un caso en el que seis personas han sido formalizadas por porte y tenencia de armas de fuego, cuatro hombres y dos mujeres.
La primera audiencia de formalización se desarrolló a puertas cerradas y bajo fuertes medidas de seguridad en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
