El Duodécimo Tribunal de Garantía de Santiago resolvió la medida cautelar de prisión preventiva para Erna del Carmen Ferie Gálvez, de 62 años, que este miércoles dio muerte a su hijo a Patricio Villalobos, de 34 años, golpeándolo en la cabeza con un martillo en dos ocasiones.
Durante la formalización se señaló que la mujer, que había sido operada del corazón hace dos meses, sufría constantes ataques de violencia intrafamiliar por parte de su hijo, quien era adicto a las drogas y el alcohol.
El Ministerio Público expuso que la imputada ya había intentado matar a su hijo con anterioridad, en un delito que fue presentado como parricidio con alevosía como agravante, añadiendo que existían denuncias por violencia intrafamiliar que los Tribunales de Familia no consideraron a su tiempo.
El fiscal Juan Pablo Palma señaló que hay "tres testigos, al menos, que han señalado que la imputada les ha referido que anteriormente ha dejado puesto medicamentos en los alimentos del occiso a objeto de terminar con su vida, resultando en dos veces hospitalizado".
"Lo que la señora ha denunciado es que a ella le molestaba que consumiera alcohol y drogas. Existen denuncias presentadas ante Tribunales de Familia desde el 2010, las que fueron desestimadas por los mismos tribunales, al menos tres denuncias, por no ser constitutivas, según el criterio de los Tribunales de Familia de ilícitos constitutivos de violencia intrafamiliar", detalló.
Según el abogado defensor, Cristián Guzmán, la imputada se autodenunció un historial de violencia intrafamiliar, por lo que para el jurista ella no cometió el delito que se le imputa.
"Ella lo que hizo fue autodenunciarse, lo que no significa que sea responsable del delito, porque ya vimos y está totalmente acreditado que hay un historial de violencia intrafamiliar que, por lo menos data, de hace tres años", comentó.
Añadió que "formalmente no hay una declaración de ella donde haya señalado que efectivamente cometió el ilícito que se imputa".
La mujer quedará, por ahora, privada de libertad en un centro de detención por un plazo de 120 días, tiempo que el tribunal otorgó para investigar estos hechos.