Desde 2003, alrededor de 15 mil denuncias por extravío de personas, de una totalidad de 25 mil, continúan sin resultados positivos para sus familias en Chile.
A raíz de esa cifra es que en el último tiempo se han presentado diversos proyectos que buscan agilizar la búsqueda y aumentar la difusión de la información para enfrentar las cerca de mil desapariciones que quedan sin resolver al año y las nuevas que puedan seguir ocurriendo.
Una de esas iniciativas es la que elaboró una agrupación de familias afectadas por extravíos y que es impulsada por los diputados Pablo Kast (Evópoli) y Marisela Santibáñez (PRO).
Mayén González, quien busca a su madre desde marzo de 2017, a quien se le perdió el rastro tras salir de una centro de medicina alternativa en Curacaví, y Marta León, cuya hija desapareció en agosto de 2008 en Conchalí, explicaron en Una Nueva Mañana los objetivos del proyecto.
"Esta ley se está trabajando para que nadie más tenga que vivir eso, porque si se hiciera un mínimo de diligencias a lo mejor no estaríamos hablando de esta cifra", expuso González.
Los detalles
El texto pretende establecer una clasificación del tipo de desaparición y riesgo, considerando si la persona sufre algún tipo de enfermedad mental; y unificar e integrar las base de datos de las policías y organismos públicos -como el Servicio Médico Legal-.
Busca también fijar diligencias desde las primeras horas del extravío, así como la difusión de las personas con paradero desconocido en lugares alta afluencia y en productos de consumo masivo como en cajas de leche, para que sea norma y no se haga a "voluntad" como -dicen- ocurre actualmente-.
Ambas mujeres acusaron que han sido tratadas "de formas discriminatorias" por las policías a causa de nivel de vida y la comuna en que viven. "Hay dos Chile", lamentaron.
"Se destruye una familia, no es que esa persona se perdió y la vida sigue, no, la vida te pasa por encima", expresó González, por lo que emplazó: "El llamado es al Presidente para que le dé la urgencia".
Esta iniciativa se suma a otra que impulsa el senador Francisco Chahuán (RN), que establece la obligatoriedad de imprimir los rostros de personas desaparecidas y su información de contacto en productos y mercaderías, e incluso en las boletas de los servicios básicos.