A inicios de mes, durante varios días, cundió y se multiplicó la preocupación por la desaparición, en el Cerro Cordillera de la Región Metropolitana, de un joven de 24 años, Martín Díaz de Valdés, quien finalmente fue hallado sin vida.
Transcurridas apenas dos semanas, otro caso similar conmueve a la opinión pública: Tomás Belmar Epulef, de 25, se extravió el domingo luego de ingresar, junto a tres amigos, al Parque Nacional Villarrica, en La Araucanía.
En este contexto, la diputada Natalia Romero (independiente de la bancada UDI) llamó a reimpulsar un proyecto de ley que presentó en 2022 y que busca que las policías puedan requerir a las compañías telefónicas, sin necesidad de autorización judicial, la georreferenciación de los dispositivos celulares de las personas respecto a quienes se presentan denuncias por presunta desgracia.
Romero -representante del Distrito Nº 15, de la Región de O'Higgins- recordó que esta iniciativa la motivó el caso de Mauricio Rojas, un joven de la comuna de Graneros cuyo cuerpo fue encontrado, junto a su celular, dos meses después de haber desaparecido.
En esa ocasión, la empresa telefónica demoró casi 20 días en facilitar la geolocalización del dispositivo.
"Las primeras horas son cruciales"
La Ley 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea un sistema interconectado en el país, permite a la Fiscalía solicitar la última localización del celular de una persona extraviada, pero requiere autorización de un juez de garantía, y esto suele retrasar las diligencias. El proyecto plantea que la entrega se realice el mismo día, y en un plazo máximo de cinco horas.
"Todos sabemos que las primeras horas -en cualquier investigación- son cruciales, más aún cuando se trata de la desaparición de una persona o una presunta desgracia. Sin embargo, la actual legislación que tenemos no está a la altura de los avances tecnológicos. Hace mucho tiempo que la información que contienen los dispositivos móviles debería ser utilizada para estos efectos", argumentó Romero.
"Considerando que la gran mayoría de los celulares va registrando la ubicación en el minuto, no vemos ninguna razón para que esa información tan valiosa no sea utilizada de forma rápida y oportuna. Se requiere acelerar todos los procesos investigativos y eliminar los espacios de burocracia, sobre todo en las primeras horas", remarcó la legisladora.
