El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, consideró que la participación de cuatro militares activos en la venta de lanzacohetes de propiedad del Ejército "es una verdadera traición", y anunció acciones legales por parte del Gobierno.
Más temprano, se informó que un agente revelador de la PDI, que se hizo pasar un comprador de marketplace de Facebook, detectó que uno de los involucrados pedía 2 millones 500 mil pesos por cada uno de los tres elementos bélicos.
Ante la detención de los efectivos y un civil por este hecho, la autoridad relevó que "estamos hablando de armamento de guerra que era de una institución de nuestras Fuerzas Armadas y fue robado por funcionarios de las Fuerzas Armadas".
"Es tan delicado el tema que es una verdadera traición a la función pública, en quienes se deposita la confianza para defender la seguridad exterior del país", subrayó Monsalve.
Insistiendo en que se trata de "un hecho gravísimo", en especial porque "tiene que ver con tráfico ilegal de armas, y en este caso de armamento de guerra, por supuesto que nos vamos a querellar".
De momento, la Fiscalía no descarta que haya más efectivos del Ejército en servicio activo involucrados, e indagará sobre la ejecución del protocolo militar para el robo de armas y municiones.
