El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, opinó que los robos registrados en dependencias de diversos ministerios en los últimos días han causado más revuelo debido al contexto actual.
"Este tipo de noticias está en un contexto, primero, de la seguidilla", planteó en Lo que Queda del Día, y apuntó que "sea seguidilla o no, no depende mucho de si es que han estado ocurriendo con una periodicidad o no, como lo mencionó nuestro ministro de Justicia (...) hay una investigación que se está llevando adelante con un foco particular".
A la vez, y "sin ningún ánimo de subestimar o bajarle el perfil a lo que está sucediendo, porque son delitos, creo que también es del todo sensato concluir que, el que sea portada el hecho de que se roban dos computadores en una repartición pública día tras día, tiene que ver no con que estos hechos estén ocurriendo particularmente en este periodo de tiempo, sino que con el contexto del debate público en torno a ello".
Si bien se reportó un robo fallido al Ministerio de Bienes Nacionales el 7 de julio, el primer atraco exitoso ocurrió la madrugada del jueves pasado en el edificio de Desarrollo Social, donde al menos uno de los autores se hizo pasar por el ministro Giorgio Jackson para cometerlo. Esto reavivó la ofensiva opositora en su contra, con algunos parlamentarios que incluso lo responsabilizan por este hecho, que -según acusan- tiene por objeto ocultar información relativa al caso Convenios.
Por lo mismo, Vergara consideró "importante sopesar por qué está recibiendo la atención mediática que recibe, y parte del por qué es porque hablamos de edificios del Gobierno o de instituciones del Estado".
"No hay ningún ánimo de bajarle el perfil, pero creo que es importante ponerlo en el contexto adecuado, porque un robo de dos computadores o de cualquier elemento tecnológico, en un contexto que no es el actual, con la connotación que esto ha tenido en los últimos días, ni siquiera sería noticia", remató.
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
En cuanto a las acciones que el Gobierno alista para fortalecer la seguridad de edificios públicos, que está en manos de empresas privadas, adelantó que "vamos a ingresar, dentro del plazo al que el Presidente se comprometió -que es el mes de julio- una ley de seguridad privada".
"Va a haber un claro aumento en las multas de las empresas de seguridad que no cumplan con el contrato o que hagan mal su trabajo, y la Subsecretaría de Prevención del Delito podrá revocar permisos a las empresas, suspender su labor, o incluso clausurar recintos, con multas bastante altas, dicho sea de paso", afirmó, indicando que éstas pueden llegar a los 854 millones de pesos.
El secretario de Estado enfatizó que "lo que no puede pasar y no va a pasar es que al final del día, volvamos al resorte en que toda la seguridad -no solamente de los edificios públicos, sino que también de instancias privadas y eventos masivos- tenga que caer sobre la responsabilidad de nuestros carabineros, porque ese es un modelo que no funciona ni aquí ni en ningún país del mundo, y por eso el rol de la seguridad privada es fundamental".
