De los 28 hospitales públicos de la Región del Biobío, 20 tienen vencido el sello verde que certifica la seguridad de sus instalaciones de gas, y los otros ocho no han informado de su situación a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Esta información se conoce en el marco de las ingadatorias tras la explosión del 21 de abril pasado en la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, que provocó la muerte instantánea de tres personas: según se conoció la semana pasada, este recinto tenía vencido el sello verde hace más de dos años.
El diputado José Miguel Ortiz (DC) planteó que lo que "hay que hacer que de aquí a 15 días todos tengan sello verde, no se puede colocar en peligro la salud de la gente y yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a llamar al ministro de Salud, le voy a plantear el tema y que tome las providencias del caso".
"El Ministerio de Salud es el responsable, no se olviden que las seremías son responsables de este tipo de situaciones", añadió.
Críticas a GasSur y la SEC
Mientras la investigación de dicha tragedia sigue adelante, el presidente del Colegio de Expertos Prevencionistas de Riesgo, Alejandro Valdebenito, desmintió la versión entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles respecto de que no era necesaria la vigencia del sello verde para que la empresa GasSur diera suministro al Sanatorio.
"Es un error del superintendente. Lo que establece muy claro el decreto de la resolución exenta 489, en el articulado número 9, es que, en el caso de que el sello verde esté vencido, no se puede suministrar gas", dijo Valdebenito.
"La única forma es que, por la operación del proceso, justificadamente, se pueda suministrar, pero, para eso, se debe solicitar a través de un formulario a la Superintendencia, y la Superintendencia debe colocar una nueva fecha de fiscalización, pero no contando con sello verde, no se puede suministrar gas, y esa responsabilidad es de la empresa distribuidora", agregó el dirigente.
El director (s) de la SEC en el Biobío, Daniel Pincheira, aseveró que "la resolución 489 de marzo de 1999 está derogada, ya que fue reemplazada por la resolución 1250 de julio del 2009. Con esta nueva resolución se estableció el riesgo y el método de corte del suministro, en el cual se indica que en el caso de defectos críticos de acción inmediata, tales como fuga de gas de artefacto medidor o alta presencia de monóxido de carbono o artefactos sin conducto de evacuación, la entidad de certificación debe avisar a la empresa distribuidora de gas para que aplique su protocolo de emergencia y corte".
En este contexto, concurrió a la Contraloría el diputado socialista Gastón Saavedra, quien solicitó una investigación ampliada y planteó la posibilidad de solicitar la destitución del superintendente Luis Ávila.
"Me parece gravísima la declaración y hasta temeraria, porque si usted tiene vencido un sello verde, significa que pasaron dos años en que a esa instalación –podemos suponer- no se le hizo mantención, que no se le hicieron reparaciones, porque hay envejecimiento de las instalaciones; seguramente por el uso y la sobrecarga que a veces tienen", dijo Saavedra.
Consultado por si es partidario de la salida de Ávila, el parlamentario respondió que "si al final la investigación arroja responsabilidades, es lo que cabe".