La comisión mixta que analiza las modificaciones a la ley que castiga a quienes cometen delitos de cohecho y soborno comenzó sus votaciones este martes, y ya aprobó los cambios en el caso del cohecho, aumentando las penas, sin embargo, rechazó la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
En el caso del cohecho base, es decir, pagar u otorgar un beneficio a un funcionario público por hacer su trabajo -como acelerar algún trámite o mover algún documento, por ejemplo- las penas iban inicialmente hasta los 540 días y ahora podrán ir desde los 541 días hasta los cinco años de presidio.
Para el cohecho agravado, cuando se le paga a un funcionario por no hacer su trabajo -no hacer una fiscalización, por ejemplo-, las penas irán desde los tres hasta los 10 años.
Diputado cuestionó rechazo de indicación
Luego de la votación, el diputado PS Leonardo Soto cuestionó que la comisión decidiera rechazar la indicación que podría haber castigado con inhabilidad completa de ejercer cargos públicos a quienes cometan el delito de cohecho.
El parlamentario aseguró que "tenía que ver con el cohecho cuando se prueba la entrega de sumas de dinero importantes de un funcionario público, que obviamente son para obtener algo, pero no se logra probar cuál es la contraprestación que hizo"
"Habría solucionado casi todos los problemas de impunidad que se produjeron en el caso Penta y muchos otros, sin embargo fue rechazado. Tuve el respaldo del diputado (Gabriel) Silber y la diputada Catalina Pérez, pero la mayoría de la comisión nos cerró la puerta y abrieron la puerta a la impunidad en los delitos de corrupción casi más graves que lo que estamos conociendo", fustigó.
En relación con la indicación que buscaba aumentar la inhabilidad de condenados por este tipo de delitos, el senador Felipe Harboe (PPD) planteó que "el problema que se producía al aceptar eso es que se afectaba otro tipo penal, que es el de enriquecimiento ilícito. No estaba bien logrado, por eso es que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sugirió no aprobarla, sino que dejarla en la discusión del Código Penal, porque tiene que haber una correlación".
"De haberlo aprobado, se podría haber generado un incentivo perverso, que es acogerse solo a la figura del cohecho base sin necesidad de probar una contraprestación y nunca ir por el cohecho agravado, que tiene mayor sanción", sostuvo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseveró que "estamos en niveles internacionales bien, en la media superior diría yo. Acaba de visitarnos la OCDE, una misión inspectiva respecto de este tipo de situaciones, vio las propuestas que el Ejecutivo estaba haciendo y manifestó su satisfacción, porque estábamos dentro de los estándares internacionales, cuestión que la actual legislación vigente no tiene".