La denominada megarreforma tributaria del gobierno superó este miércoles su primer escollo legislativo, siendo aprobada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y despachada al Senado para su segundo trámite.
Este proyecto es calificado como el más importante del programa de la administración del Presidente José Antonio Kast y busca una profunda transformación del sistema económico nacional.
Tras la aprobación en general del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, la Sala de la Cámara Baja procedió a la votación en particular, donde se visaron los ejes centrales de la propuesta, tras lo cual pasó al Senado.
Dentro de las normas que recibieron luz verde, destacó la reducción del impuesto corporativo para las grandes empresas del 27% al 23%, pieza fundamental de la iniciativa del Ejecutivo.
Asimismo, se aprobó la exención del impuesto territorial (contribuciones) para adultos mayores de 65 años.
Esta decisión se tomó después de un proceso que demandó 90 votaciones del proyecto, que incluye una serie de normas misceláneas.
El ministro Claudio Alvarado, quien encabeza las carteras de Interior y la Secretaría General de Gobierno, enfatizó que el proceso legislativo todavía está en curso y que el Gobierno aún no puede considerar una victoria definitiva, ya que el proyecto debe superar el segundo trámite en el Senado.
Mientras que su par de Hacienda, Jorge Quiroz, describió la jornada como un "día histórico", señalando que representa el punto de partida para modificar un modelo económico que, según sus palabras, ha sido ineficaz.
"El Gobierno se acercó a esta casa con una propuesta histórica para cambiar la historia de ahora en adelante, y hemos recibido hoy un respaldo también histórico", afirmó el jefe de la billetera fiscal.
La autoridad enfatizó los objetivos de la reforma, señalando que "nos devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y, sobre todo, aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos".
Los detalles del debate
Durante el debate al detalle, la Cámara también ratificó el artículo que inyecta 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia por incendios, integrando formalmente a las regiones de Ñuble y Biobío como beneficiarias de estos recursos.
Junto a esto, también se aprobó la invariabilidad tributaria por 25 años, con 81 votos a favor, dos abstenciones y 69 votos en contra.
En contrapartida, los diputados rechazaron las disposiciones más controvertidas del texto, como la relativa al derecho de propiedad intelectual y la facultad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para contratar empresas vinculadas a su propio personal.
Tensión por indicación de sala cuna y reserva del Gobierno
El hito inesperado de la votación en particular fue la aprobación de una indicación opositora, promovida por el diputado Jorge Brito (Frente Amplio), que busca obligar a los empleadores a disponer de salas cunas anexas e independientes para que los trabajadores puedan alimentar y dejar a sus hijos menores de dos años durante la jornada laboral.
"Este proyecto tiene en su centralidad supuestamente la generación de empleo, pero las políticas públicas que propone son ningún puesto de trabajo asegurado. En cambio, la sala cuna universal es la mejor política pública de generación de empleo y que pone a las niñas y niños y sus madres como eje central", explicó Brito.
Pese al éxito de la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó inmediatamente una reserva de constitucionalidad en representación del Ejecutivo.
Finalmente, el debate medioambiental generó una reserva de constitucionalidad por parte de cinco diputados, quienes cuestionan la creación de un comité dependiente de Hacienda destinado a indemnizar inversionistas cuyos proyectos sean anulados por la justicia tras haber obtenido permisos ambientales.
La jornada también estuvo marcada por cuestionamientos éticos. La oposición intentó dar lectura a un informe de la Fundación Nodo XXI, vinculada al FA, que acusa posibles beneficios personales para miembros del gabinete. Según el documento, el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, podrían obtener ahorros y beneficios millonarios gracias a las nuevas normativas de repatriación de capitales y rebajas corporativas.
