El Ejecutivo introducirá precisiones, pero "en lo sustantivo no modificará nada" de lo ya aprobado por el Congreso, aseguró el ministro Luis Cordero Vega.
La normativa fue despachada por el Congreso hace un mes, con apoyo transversal, y el Presidente Boric aún no la había promulgado.
El Presidente Gabriel Boric ingresó un veto a la esperada ley contra los "delitos de cuello y corbata" y medioambientales, despachada hace un mes por el Congreso, con precisiones y corrección a fin de evitar "malas interpretaciones" en su aplicación.
La normativa, inspirada en numerosos escándalos empresariales de los últimos años, como la colusión de las farmacias en la venta de medicamentos, de los supermercados respecto a la carne de pollo, las repactaciones unilaterales de La Polar y el financiamiento ilegal de campañas políticas por parte del holding Penta, había sido aprobada con apoyo transversal el pasado 15 de mayo en su último trámite legislativo.
Pero el Mandatario no la ha promulgado y esta jornada decidió introducir observaciones, con la urgencia de discusión inmediata, que deberán ser revisados por el Congreso.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que "en la parte final de la tramitación de delitos económicos, también se estaba terminando la tramitación de la ley contra el crimen organizado, y hay algunas normas que están vinculadas en ambos proyectos", y en ese marco "se produjeron algunos tipos de imprecisiones".
Por lo tanto, se trata de un veto "que busca corregir referencias, (porque) hay algunas referencias que son inadecuadas", y otras enmiendas apuntan a "precisar (aspectos) de modo de evitar malas interpretaciones en el tránsito normativo".
Pero "no modifica nada en lo sustantivo, es simplemente para evitar especulaciones interpretativas en la aplicación, dada la magnitud de la aplicación que tiene esta ley", afirmó Cordero.
La normativa sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, y modifica diversos cuerpos legales, adecuando las penas aplicables, en pos de abordar "la conmoción y el rechazo social" que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico.
