El Gobierno continúa las conversaciones para allanar el camino para el veto presidencial que debiera ingresar la próxima semana al proyecto de ley que apunta a combatir las usurpaciones, que fue aprobada por el Congreso Nacional el mes pasado sin atender los reparos de La Moneda.
Al Ejecutivo le inquietan la "legítima defensa privilegiada" y que se establezca una sanción similar para la usurpación con violencia y la que se realiza sólo con fuerza sobre las cosas, figuras con las que el Presidente Gabriel Boric no está dispuesto a promulgar la norma, según ha advertido la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), por lo que le formularán observaciones.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), apuntó que "primero vamos a informar a los parlamentarios y luego dar a conocer la fórmula técnica en que se plantea".
"Pero el principio rector es que queremos que se respete un principio básico: que en Chile, la autotutela y la justicia con mano propia no forman parte de los principios sobre los cuales se ha construido nuestro ordenamiento jurídico. Respecto de este punto en particular, existe acuerdo al menos del oficialismo, y creo que cierta sensibilidad importante de algunos actores de la oposición", comentó.
El secretario de Estado recalcó que "vamos a vetar esta iniciativa para perfeccionarla, para corregirla".
La vicepresidenta Tohá y la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, conversaron hoy, vía telemática, con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el timonel de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Felipe Kast (Evópoli), pues el veto será ingresado a través de esa Corporación.
"La buena noticia es que con el Ejecutivo acordamos realizar una mesa de trabajo en las próximas horas y días, con mucho sentido de urgencia", confirmó Kast.
El senador afirmó además que desde su sector "vamos a plantear con mucha fuerza que se mantenga que la usurpación sea un delito de cárcel, y que si alguien es agredido cuando hay una usurpación, se pueda defender".
"Sé que las noticias han sido bien preocupantes porque se filtró la idea de que venía un veto sustitutivo a reemplazar el proyecto leyó. Eso todavía no está del todo definido", puntualizó.
"PARA NOSOTROS ES IMPORTANTE QUE HAYA LEY", DICE LA UDI
El veto del Gobierno, ya sea aditivo, supresivo o sustitutivo, requiere el apoyo de la mayoría simple en ambas cámaras. Si es rechazado, se votará la insistencia del texto ya aprobado, que necesitará un quórum de dos tercios, y en caso de que no prospere, no habrá ley.
"Nosotros siempre hemos tenido disposición de dialogar y consensuar un veto en la medida de que no se afecte el corazón del proyecto, básicamente que sea un delito la usurpación, siempre con penas de cárcel, que sea un delito permanente, que haya legítima defensa de los propietarios, y que se pueda pedir en cualquier momento la restitución", dijo desde la Cámara Baja el diputado Henry Leal, jefe de la bancada de la UDI.
"Pero lo que no puede ocurrir es que el Partido Comunista y el Frente Amplio quieran imponer sus términos, porque el riesgo de eso es que no se reúnan los dos tercios y nos quedemos sin una ley. Para nosotros es muy importante tener una ley de usurpaciones", agregó.
Si llegase a fracasar la iniciativa, fuentes de La Moneda sostienen que no será culpa del Ejecutivo.
MOLESTÍA POR REUNIÓN CON PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS
En el marco de estos diálogos, el presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), acusó sentirse pasado a llevar y consideró como "un grave error" que el Gobierno se haya reunido este miércoles solo con parlamentarios oficialistas, y no, por ejemplo, con los presidentes de ambas instancias del Congreso.
Durante la pasada jornada, la subsecretaria Lobos se reunió con los diputados comunistas Luis Cuello y Alejandra Placencia, el PS Leonardo Soto y los frenteamplistas Lorena Fries y Andrés Giordano.
"Nosotros, desde la Mesa, hemos ofrecido al Gobierno siempre una garantía de diálogo y de construcción. La agenda de seguridad que hemos hecho nuestra, aunque viene del periodo anterior, es una agenda demasiado importante como para cometer graves errores como estos, de toda una reunión de autoridades con diputados oficialistas respecto del veto presidencial anunciado al proyecto de usurpación", detalló Cifuentes.
Para el parlamentario, este tipo de acciones "entorpece el diálogo que debiésemos mantener con toda la Cámara de Diputadas y Diputados".
En paralelo, la bancada de Renovación Nacional (RN) dio por hecho que el Gobierno ingresará un veto sustituvo y, sin conocer su detalle aún, acusó que en este caso sería "el más arbitrario y antidemocrático que hemos visto desde el retorno a la democracia".
Según los diputados de RN, "el ejercicio de la facultad del veto, si bien está dentro de las herramientas institucionales que franquea nuestra constitución política, ciertamente es de dudosa tradición democrática".
