Un grupo de senadores de diversos partidos políticos acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para respaldar el despachado proyecto de ley que endurece las penas por delitos económicos y ambientales, cuya constitucionalidad es evaluada en esa instancia a raíz de un "téngase presente" ingresado por la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC).
Matías Walker (Demócratas) comentó en EmolTV que la respuesta del gran empresariado es "lamentable y sorprendente", al tiempo que destacó que el proyecto fue transversal, suscrito por diputados desde Renovación Nacional hasta el Frente Amplio, y ha sido acompañado "por los mejores profesores de derecho penal del país".
"La CPC debería aplaudir este proyecto, porque lo que hace es establecer el fair play, el respeto a la reglas del juego", añadió.
El senador indicó entonces que presentará descargos ante el TC junto a su correligionaria Ximena Rincón, así como sus pares Paulina Núñez (RN), Francisco Huenchumilla (DC) y los socialistas Alfonso De Urresti y José Miguel Insulza.
Walker dijo esperar que aquella instancia no se transforme en una tercera cámara legislativa que "borre con el codo" un proyecto que se tramitó durante mucho tiempo y establece "la reforma más importante en la historia del Código Penal".
Posteriormente, complementó que "tenemos la total tranquilidad de que va a respaldar la constitucionalidad de este proyecto, que tiene un control preventivo obligatorio, porque hay normas que dicen relación con el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia".
A su vez, el senador De Urresti advirtió a El Mercurio que "es realmente inadmisible que la CPC recurra al TC", y estimó que está utilizando el tribunal "como una tercera cámara".
Si bien su par de RN Rodrigo Galilea no expresó reparos por el requerimiento del gremio, planteó que "hubiera sido mucho más colaborativo que la CPC, a través de abogados especialistas, hubiese participado del extenso debate en las innumerables sesiones de comisión".
Mientras que el diputado socialista Leonardo Soto considera que "nos llama la atención que el gremio empresarial defienda a los delincuentes económicos, que busque impedir que esta ley de delitos económicos se transforme en ley de la República, porque lo que hace finalmente es defender al abusador, al delincuente, al criminal económico y no a los usuarios, a los mercados, al orden público económico".
Para el jefe de esa bancada, Daniel Manouchehri, "no podemos permitir que este tipo de delitos, que afectan a millones de personas, terminen con clases con ética. La gente nos ha pedido legislar para que estos graves delitos en contra de las personas no queden impunes, y terminen con penas de cárcel".
"NO ESTAMOS CONTRA LA IDEA DE LEGISLAR", DICE LA CPC
Ricardo Mewes salió al paso de las críticas y explicó que "consideramos que el proyecto de ley vulnera los derechos fundamentales, crea una sistema penal paralelo y atenta contra el orden público económico. Un ejemplo, es que crea exenciones particulares para empresas grandes y medianas, estableciendo penas especiales, agravantes y otras reglas penales que no se aplican al resto de los ciudadanos".
"También creemos que es una desproporción entre las penas asociadas a la comisión de los delitos económicos y el resto de los ilícitos, eso es lo que queremos que el TC aclare, eso es lo que estamos pidiendo que tenga presente este tipo de consideraciones. No estamos contra la idea de legislar, pero si a favor de la igualdad ante la ley", agregó.
Héctor Osorio, economista de la consultora PKF, puntualizó que "la posibilidad que existe de que alguien reclame ante el Tribunal Constitucional cuando considera que una norma no es adecuada, no debe más que alegrarnos en términos de que las instituciones funcionan. Tenemos que entender, a mi juicio, la posición de la CPC como una posibilidad de que generemos mejores normativas que en el largo plazo contribuyan de verdad a solucionar los problemas que nos preocupan".
"CUALQUIER DUDA SOBRE SU APLICACIÓN SE DEBE DESPEJAR LO ANTES POSIBLE"
Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la polémica por esta postura de la CPC, afirmando que es "parte normal de un proceso de revisión de discusión sobre constitucionalidad: esperamos que se pueda resolver prontamente".
"Creo que en la medida que es una iniciativa que tiene ese grado de apoyo y ese grado de consenso, es importante que cualquier duda sobre su aplicación se pueda despejar lo antes posible", puntualizó el jefe de la billetera fiscal.
El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco (DC) indicó en El Primer Café que el recurso de la CPC "no me parece una buena señal; creo que termina perjudicando al empresariado, lo pone en una posición solitaria", puesto que "toda la sociedad -de izquierda, de derecha- planteó que era importante que este tipo de delitos tuvieran sanciones más altas".
A su vez, Michèle Labbé, economista de la U. San Sebastián, advirtió en el mismo espacio que "las leyes penales, cuando crean los delitos tienen que describirlos de forma muy específica, porque se trata de delitos penales, y lo que hace esta ley es dejarlo abierto. Ese es el gran problema de la ley: que al dejarlo abierto genera mucha incertidumbre".
