Una iniciativa "contraria a los estándares internacionales", que "podría provocar un retroceso en el respeto de los valores que cimientan nuestra democracia" y convertirse en "una verdadera contrarreforma procesal penal", al "debilitar garantías y derechos de la población".
Éste fue el lapidario análisis que hizo el ex presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz del proyecto de agenda antidelincuencia que impulsa el Gobierno y que actualmente tramita el Congreso.
Los cuestionamientos, consignados en un informe enviado por el máximo tribunal a la Comisión de Constitución del Senado, fueron rechazados desde la instancia por el senador PPD Felipe Harboe, uno de los principales defensores de la mentada "agenda".
"Yo no comparto ese análisis (de Muñoz)", aunque "lo respeto, obviamente; creo que él tiene mucha experiencia en materia judicial", dijo Harboe, señalando que el reclamo puede obedecer a que la nueva normativa limita la capacidad de los miembros del Poder Judicial para "salirse del marco de la ley" ante casos policiales.
"Lo que estamos haciendo en materia de agenda corta es que estamos limitando la facultad de los jueces para salirse del marco que dice la ley. (En la actualidad) lo que está ocurriendo es que, por la aplicación de normas que están vigentes en el Código Penal desde el 1800, los jueces de repente bajan esas penas del marco legal, entonces la gente dice: 'Hay que endurecer las penas', y no es un problema de seguir aumentando el piso o el techo, es un problema de que se aplique lo que el legislador dice", dijo el ex subsecretario del Interior.
La agenda corta ya se aprobó en la Cámara de Diputados y en los próximos días deberá ser votada en la Sala del Senado. (Foto: Agencia UNO)
El jefe de gabinete, Jorge Burgos (DC), salió hoy también en defensa de la iniciativa, recordando que "en Chile tenemos control de identidad hace casi 20 años", y con el proyecto sólo "se está agregando la posibilidad de un control preventivo con fines absoluta y exclusivamente identificatorios".
"Nosotros creemos que la discusión en el Senado enriqueció ese proyecto, mejoró una serie de normas en un trabajo conjunto en la primera etapa. El Gobierno considera que el proyecto es positivo, es bueno y va a intentar obtener los votos para aprobarlo en las instancias legislativas que quedan", señaló el titular de Interior y Seguridad Pública.
INDH insiste en sus críticas
Desde la vereda contraria, respaldó las críticas de Muñoz la directora del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, Lorena Fries,
"Si la Reforma Procesal Penal tenía por objeto terminar con la arbitrariedad que significa detener –y detener preventivamente- a las personas, desde luego éste (la agenda corta) es un camino al revés. Por lo tanto, sacude a todo el sistema, en el sentido de que se transforma en una herramienta de control de orden público que puede gatillar prisiones preventivas", señaló.
"Bajo esta norma se puede tener a una persona adulta que no se logró identificar cuatro horas detenidas. Dígame usted, ¿cuál es el fundamento de esta detención?", cuestionó la abogada.
Académico: Es una mala reforma
Mientras, para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, esta es una muy mala reforma.
"El control de identidad preventivo es una muy mala reforma, en general todos los fundamentos que se han dado en el Parlamento son empíricamente errados, a la luz de la información que disponemos en Chile, pero también en el ámbito comparado. Se trata de una medida que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de lograr los objetivos para los cuales se ha propuesto", indicó.
En tanto, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, esta impactará negativamente en la sobrecarga de los tribunales de justicia.
"No se han hecho cargo de que eso implica necesariamente una recarga en la cantidad y en la calidad de las causas, es decir, causas que antes se tramitaban en dos o tres meses ahora van a demorar seis meses o un año, van a ir a procedimientos más largos, más costosos y eso significa una recarga del sistema", dijo el persecutor.
La agenda corta ya se aprobó en la Cámara de Diputados y en los próximos días deberá ser votada en la Sala del Senado.
