El objetivo es dotar a la entidad de mayor autonomía y estabilidad e introducir mejoras en sus procesos.
Felipe Larraín anunció el proyecto que crea la Comisión de Valores y Seguros.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció el proyecto que transforma la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la Comisión de Valores y Seguros, que dota a la entidad de mayor autonomía y estabilidad e introduce mejoras a sus procesos regulatorios, sancionatorios y de rendición de cuentas.
"Las mejoras a la institucionalidad económica son fundamentales para el desarrollo de los países", afirmó el ministro Larraín, al presentar los aspectos centrales del proyecto de ley que se enmarca en la Agenda Mercado de Capitales del Bicentenario y en el proceso de modernización del Estado impulsado por la cartera.
Larraín explicó que el acelerado desarrollo, internacionalización e integración del sector financiero en Chile plantean actualmente la necesidad de "modernizar los sistemas de regulación y supervisión para hacer frente de mejor forma a los riesgos y desafíos que esto implica".
El jefe de las finanzas públicas agregó que "si bien la SVS cuenta con un reconocido prestigio por su calidad técnica y profesional e independencia, existe consenso transversal acerca de la importancia de abordar una reforma institucional que permita fortalecerla".
Detalles de la iniciativa
El ministro detalló que el proyecto, que será enviado al Parlamento en los próximos días, apunta a dotar a la entidad de una mayor autonomía y estabilidad -aislando su función de ciclos políticos-, mejorar el proceso regulatorio y la transparencia en la dictación de normativas y profundizar la efectividad y garantías de debido proceso en procedimientos sancionatorios, siguiendo los mejores estándares y recomendaciones internacionales.
Así, en materia de gobierno corporativo se reemplaza la autoridad unipersonal que recae en un superintendente, por un cuerpo colegiado de cinco miembros que adoptará sus decisiones por regla de mayoría.
Siguiendo el modelo fijado en instituciones como el Consejo del Servicio Civil, el proyecto considera el nombramiento de comisionados con cargos de plazo fijo que se renovarán por parcialidades y no podrán ser removidos discrecionalmente.
En lo relativo al proceso regulatorio, se elevan estándares de transparencia -consulta pública y análisis de impacto de nuevas regulaciones- y se establece la posibilidad de ampliar las atribuciones normativas de la comisión a través del Congreso Nacional.
Para el proceso sancionatorio, se contempla reforzar las garantías de debido proceso mediante la separación de función de investigación de la aplicación de sanciones que corresponderá a la comisión como órgano colegiado y un proceso de revisión judicial más expedito.
Finalmente, se incorporan también nuevas normas de accountability para otorgar mayores estándares de transparencia a la gestión de la comisión.
