Eduardo Engel señaló que la normativa, "en los hechos, inhibe la labor periodística".
La iniciativa genera controversia entre analistas y fiscales.
El economista lideró el año pasado la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
El economista Eduardo Engel, quien presidió el año pasado la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, convocada por Michelle Bachelet tras el estallido de los casos Penta, SQM y Caval, alzó la voz para oponerse al proyecto de ley que busca penar con cárcel las filtraciones de procesos judiciales.
La iniciativa, surgida en medio de la discusión legislativa de la agenda corta antidelincuencia y patrocinada por el Gobierno, ha desatado en los últimos días y horas una serie de reacciones, incluyendo las del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien la calificó como "una especie de vuelta al secreto de sumario".
Si bien el fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, descartó que el texto implique "una mordaza a los medios de comunicación", diversos analistas y periodistas discrepan de esta mirada, incluido el propio Engel.
Para el experto, "la Agenda de Probidad no habría avanzado de igual forma de no haberse conocido los hechos que se están investigando, a veces gracias a las filtraciones, por lo cual me opongo a la legislación propuesta, que, en los hechos, inhibe la labor periodística".
Engel dijo a La Segunda que "es cierto que debe protegerse el principio de la presunción de inocencia y el resguardo para que los procesos judiciales puedan ser llevados a cabo de la mejor manera", pero acusó que en este caso específico "no pareciera existir un análisis serio mostrando que la ley antifiltraciones propuesta contribuiría".
Miradas contrapuestas
Otros analistas consultados por el vespertino manifestaron opiniones similares. Pedro Anguita, abogado experto en derecho a la información, señaló que, de aprobarse, la norma "retrocede en transparencia" y "es una amenaza evidente al trabajo de los medios".
"Surge de un contexto de las investigaciones por financiamiento ilegal de la política, por lo que es claro su objetivo: que no se informe nada sin sentencia", señaló Anguita.
Para la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Mönckeberg la medida es "indignante" y "una protección, aparentemente, para el sector político".
El académico de la UDP Javier Ortega señaló que la iniciativa antifiltraciones "busca criminalizar la labor de los periodistas, que ha sido clave en el avance de los casos sobre platas negras en la política".
"Tengo dudas razonables de que Pablo Longueira hubiera sido investigado hoy por cohecho sin las filtraciones de la prensa", ejemplificó el periodista.
En contraste, el senador PPD Felipe Harboe aseguró a La Segunda que la indicación no se aplicaría a los medios de comunicación, "sino que está circunscrita exclusivamente a las declaraciones secretas de el Ministerio Público" y su colega socialista Alfonso de Urresti señaló que "no pondría el problema en la prensa".
