Tras la votación que quedó a un respaldo de aprobarse, Jorge Guzmán criticó las abstenciones y ausencias en la Cámara.
Constanza Schönhaut defendió su rechazo por la falta de reglas para aplicar la retención, mientras el informe de comisión precisó los alcances planteados por la PDI.
El rechazo por un voto de la reforma constitucional sobre detención para ejecutar expulsiones administrativas enfrentó en El Primer Café a los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Constanza Schönhaut (FA).
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones: le faltó un respaldo para alcanzar el quorum requerido.
El proyecto, correspondiente al boletín 18.314-07 de la Cámara, buscaba modificar el margen constitucional para que una ley pudiera ampliar el plazo de privación de libertad destinado a materializar expulsiones ya decretadas. La discusión también incorporó una propuesta relativa a procedimientos de extradición.
Guzmán calificó el resultado como un revés para la seguridad y cuestionó que algunos parlamentarios no respaldaran en la Sala un texto que habían apoyado durante su tramitación.
"La izquierda se dio un lujo, pero no un lujo para complejizar o para atacar al Gobierno, sino un lujo simplemente para ganar un punto que perjudica la seguridad de Chile", afirmó. Reconoció, a la vez, que faltaron votos de la derecha.
Entre los casos que mencionó figuran Marcos Ilabaca (PS) y Pamela Jiles (PDG), quienes se abstuvieron, y José Montalva (IND-PPD) y Patricio Pinilla (DC), que no estaban presentes al momento de votar.
Según el informe de comisión, Ilabaca y Jiles habían respaldado allí el texto acordado, mientras que Montalva se abstuvo. Cooperativa informó que Pinilla y Montalva habían anunciado votos favorables durante el debate en Sala, pero posteriormente explicaron sus reparos.
Schönhaut confirmó que votó en contra. Sostuvo que la reforma permitiría avanzar hacia una retención de hasta 30 días para las expulsiones administrativas, mientras dejaba para una ley posterior aspectos como la intervención judicial y las condiciones de aplicación.
"Se dice retención, pero en el fondo era básicamente pasar, para las expulsiones administrativas, a poder detener a la gente sin control judicial durante 30 días", planteó.
También pidió definir resguardos para niños y niñas: "Pero dejarlo como cheque en blanco, eso es algo que no se puede hacer y eso era lo que el gobierno tampoco estuvo disponible".
El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, defendió que una reforma constitucional establezca una habilitación general y que la regulación específica quede para una ley posterior. Guzmán compartió ese argumento y sostuvo que extender el plazo permitiría resolver casos en que las gestiones para concretar una expulsión o extradición exceden el tiempo disponible.
Schönhaut afirmó en el programa que la Policía de Investigaciones había advertido dificultades de capacidad e infraestructura. Guzmán objetó esa caracterización. El informe de la Comisión de Constitución permite precisar que el prefecto general Ricardo Gatica, en representación de la PDI, consideró que el plazo vigente de cinco días para materializar expulsiones puede ser insuficiente en determinadas circunstancias y que su ampliación podría ayudar a completar esos procedimientos.
Gatica informó, al mismo tiempo, que el centro de retención de extranjeros de Santiago tiene 50 cupos. Explicó que en regiones se utilizan unidades policiales propias, pero que, si el procedimiento exige superar los cinco días, las personas deben ser trasladadas a Santiago porque no existen otros recintos regionales destinados a esa retención. Reconoció que ampliar el plazo supone un desafío logístico y señaló que la PDI no cuenta con antecedentes para definir un número óptimo de días.
De acuerdo con las cifras expuestas por la institución ante la comisión, 53 de 1.247 casos de expulsión administrativa examinados durante el año no pudieron concretarse dentro de cinco días, equivalentes al 4,25%.
La PDI indicó que esas situaciones no constituyen la regla general y que el objetivo debe ser ejecutar cada expulsión tan pronto se cumplan las condiciones necesarias.
Alejandra Krauss (DC) advirtió que la aprobación de la reforma tampoco habría significado una solución inmediata, dado que su implementación requería una ley posterior. "Cualquier implementación de algo consagrado en la Constitución habría requerido más tiempo, no habríamos resuelto el tema en este mes o en los siguientes", señaló.
