La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) se sumó al recurso presentado la semana pasada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ante el Tribunal Constitucional, en el que pide revisar eventuales vicios constitucionales del despachado proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente.
Mediante una declaración pública, el gremio presidido por Rosario Navarro primero establece que "condenamos todas las malas prácticas empresariales, constituyan o no delitos, y consideramos necesario que las conductas delictivas más graves puedan concluir en cárcel efectiva para sus perpetradores", y que "creemos en la libre competencia, en el correcto funcionamiento del mercado de capitales, en la responsabilidad de las empresas con el medioambiente, con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades", consignó La Tercera.
Yendo al fondo de su crítica, la Sofofa plantea que si bien la propuesta busca desincentivar las conductas delictivas, "esta podría tener impactos significativos en la actividad empresarial y, por ello, requiere de una profunda revisión en una serie de aspectos".
A su juicio, la norma instala un estándar jurídico "distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, no respetándose así el principio de igualdad ante la ley, tanto en la calificación de las penas de las que serán objeto, como de los beneficios a los que podrán acogerse en el proceso".
Reiterando que "nos parece fundamental condenar y tener legislaciones adecuadas frente a delitos que atentan gravemente contra la actividad empresarial y la sociedad en su conjunto -como la colusión, el cohecho, la corrupción, entre otros, que conlleven un alto costo para sus responsables-, esta ley en particular agrega un grupo de figuras delictivas difusas".
Entre ellas, destaca "la adopción de acuerdos abusivos en el directorio y la entrega de información falsa, sumados a la ya existente administración desleal, entre otros", cuya "falta de precisión y exactitud en la definición genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito".
En ese sentido, advierte que este nuevo catálogo de delitos "será difícil de probar por parte de los persecutores y también complejizará la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta", y al mismo tiempo, que "la subjetividad descrita se ve agravada por las altas penas de las que serán objeto dichos delitos, y la aplicación de beneficios respecto de los acusados que, por ejercer cargos de alta responsabilidad en empresas, han sido privados totalmente de ellos".
El escrito cierra enfatizando que "las leyes deben proveer un catálogo de delitos definidos de manera precisa y exhaustiva, donde la subjetividad y arbitrariedad tengan el menor espacio posible. Reiteramos que es fundamental aplicar toda la fuerza del marco legal a quienes cometen efectivamente delitos, siempre resguardando el debido proceso y la igualdad ante la ley".
