En una tensa sesión, el oficialismo visó por tres votos a cero controvertida indicación de la megarreforma.
Alfonso de Urresti (PS) y Ricardo Celis (PPD) abandonaron la sala acusando "vicios" en la tramitación.
Un bullado cierre de jornada protagonizó la Comisión de Medio Ambiente del Senado tras despachar las más de 200 indicaciones del proyecto de megarreforma tributaria y regulatoria que impulsa el Gobierno.
A pasos de la medianoche, los senadores Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y Ricardo Celis (PPD) abandonaron la sala en señal de protesta.
La salida en bloque dejó la mesa a merced del oficialismo, que aprobó de forma unánime (3-0) la polémica norma que faculta a las empresas privadas a exigir una indemnización económica estatal en caso de que un tribunal revoque una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El quiebre se detonó cuando los senadores oficialistas Andrés Longton (Renovación Nacional) y Sergio Gahona (UDI) modificaron a última hora la redacción del Ejecutivo, que mutó el concepto original de "restitución" por el de "indemnización por falta de servicio", bajo la tesis de que una nulidad ambiental es un "error del Estado", derivando el cálculo del monto a un tribunal arbitral.
La jugada, aceptada sobre la marcha por el Gobierno, fue calificada por la oposición como una "quinta propuesta" impuesta sin debate, provocando su retirada.
Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez —quien asistió activamente al debate— arremetió duramente contra la naturaleza técnica del articulado aprobado: "Inmediatamente da paso a la indemnización, o sea, nos saltamos un procedimiento completo y no existe en ninguna parte del mundo. Eso de verdad es un Frankenstein administrativo que convierte la recaudación fiscal en un seguro privado, donde ni siquiera la CPC está de acuerdo. Es una locura y que no tiene ningún prestigio técnico".
En contraparte, Longton restó dramatismo al impacto real que tendrá la medida en el aparato fiscal, asegurando que "se va a usar poco, porque las nulidades absolutas de RCA son contadas".
"En general se retrotraen, y probablemente el que retrotraiga no va a optar por esta decisión; va a optar por continuar el proyecto", matizó el parlamentario.
La iniciativa no solo despierta resquemores en el Congreso; los grandes gremios empresariales como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) advirtieron previamente que el articulado podría ralentizar la entrega de permisos, ya que los evaluadores estatales dilatarían los procesos para evitar caer en nulidades que fuercen desembolsos fiscales.
Pese a los cuestionamientos transversales y a los anuncios de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la incorporación del mecanismo de compensación económica.
"Es una norma nueva; está buscando resolver un problema que ha sido bien complejo. Nunca es el negocio hacer una inversión para que te la rechacen. Aquí no hay concepto ni de intereses. Desde luego no hay lucro cesante, no hay daño moral, no hay ninguna de las cosas que concurren normalmente en un cálculo de perjuicio normal en un proceso más general", arguyó el jefe de la billetera fiscal.
"Creo que las posiciones están bastante claras, ha habido señales de ir con esto al Tribunal Constitucional, así que hasta aquí llegan nuestros comentarios", cerró el secretario de Estado.
Tras sortear este complejo trámite, el megaproyecto del Ejecutivo pasó a la Comisión de Trabajo para abordar los subsidios al empleo y capacitación, quedando agendada su votación y total despacho en la Sala del Senado para el miércoles 15 de julio.
