"Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores".
Estas palabras, incluidas en una indicación presentada por el Gobierno al proyecto que busca regular las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas, han generado un fuerte debate durante los últimos días.
"Yo entiendo este artículo para los niños, para las niñas, las personas con discapacidad tal vez, pero no lo puedo entender para los migrantes, para la diversidad sexual o personas mayores", comentó el miércoles en el Congreso el diputado Henry Leal (UDI).
"A los delincuentes hay que combatirlos: si un delincuente está con un arma, que le dispare Carabineros; y si pierde la vida, la perderá...¿Por qué tenemos que estar tan preocupados de los derechos de los delincuentes?", cuestionó.
El diputado Johannes Kaiser (ex Partido Republicano) dijo que "esto del trato distinto de personas en razón de su edad, de su origen étnico, de su orientación sexual, algo que es bastante difícil de determinar en terreno, me parece que es simplemente reírse en la cara de los uniformados que van a tener que hacer esto operativo, porque es imposible que en una situación de conflicto de ese tipo empiezan a hacer ese tipo de diferenciación".
En una línea similar, el diputado Andrés Longton (RN) acusó que "señalar que hay un trato diferenciado del uso de la fuerza solamente en la comunicación, es no entender lo que dice la norma, que es imperativa, es decir, es obligatoria, dice un trato diferenciado los reglamentos del uso de la fuerza. No distinguen las etapas, por lo tanto lo que está haciendo es un atentado flagrante a la igualdad ante la ley, sobre todo con migrantes".
CUESTIONAMIENTOS DEL OFICIALISMO
Las críticas fueron respondidas por el parlamentario de la bancada PPD Jaime Araya, quien aseveró que "aquí vienen a hablar que hay grupos privilegiados porque hay una recomendación que los reglamentos reconozcan una cosa esencial, un trato diferenciado, ¿o ustedes me van a decir que van a poner a los militares a disparar a un tipo que va rodeado de 10 niños, o por ejemplo si una persona de Finlandia un policía le dice 'detente ahí' y si no se detiene le dispara, porque el tipo no habla nuestro idioma?. De eso estamos hablando, de cosas prácticas".
Por su parte, Raúl Leiva (PS) dijo que "esta indicación ya estaba contenida, se sorprende uno por el alboroto que genera ahora, efectivamente es solo respecto de control de orden público, nadie está hablando de persecución criminal, tiene que haber esos matices necesariamente en la aplicación de la fuerza. Por eso, cuando se caricaturiza, se descalifica, se moteja y se aísla una norma específica, dándole un sentido o una connotación absolutamente ridícula, creo que no vamos a llegar a ningún resultado".
"Yo soy súper crítico respecto a cómo está redactada esa propuesta, que efectivamente fue una de las indicaciones que presentó el Ejecutivo en agosto del año pasado. Creo que no corresponde establecer diferenciaciones arbitrarias por diversidad, por ser migrante o no. En mi caso particular no va a estar mi voto para poder aprobar una norma de esa característica, lo he transparentado porque lo encuentro un absurdo", cuestionó el socialista Marcos Ilabaca.
TOHÁ DESCARTA "TRATO DIFERENCIADO"
La ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que "esas propuestas no afirman que va a haber un trato diferenciado, lo que afirman es que en los reglamentos tiene que considerarse un uso diferenciado. Puede ser más duro o más blando, no puede ser tampoco necesariamente la fase final de uso de la fuerza, sino que especialmente aquella donde se hace la diferencia, que es la fase dos, de actuación mediante técnicas de comunicación".
"El Ejecutivo no tendría ningún problema, si hay ánimo de encontrar una solución, que esto dijera con todas sus letras: 'Esto no implica un trato privilegiado, sino que un trato especializado, dadas las características del grupo del que se está hablando'. Es una cosa que las policías hacen todo el tiempo", insistió.
Posteriormente, la autoridad reiteró esta postura, explicando que "aquí se generó un malentendido gigantesco. La ley que regula las reglas de uso de la fuerza es la misma para todos los grupos. No hay grupos privilegiados, no hay grupos intocables, no hay grupos con los que se es más blando, es el mismo estándar para todos".
"La ley después se ejecuta a través de protocolos específicos. Para actuar, por ejemplo, en un procedimiento de orden público o para actuar en el control de un delito de crimen organizado, distinto de un delito de criminalidad común. Entonces, a propósito de eso, la ley mandata que esos protocolos tomen en cuenta el trato de algunos grupos en particular", puntualizó la ministra.
