Con 103 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto "Escuelas protegidas", impulsado por el Gobierno para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.
La iniciativa ha generado polémica debido a que, entre sus medidas, destaca la revisión de mochilas y bolsos a los estudiantes, y la prohibición de otorgarles gratuidad por cinco años a aquellos que fueron condenados por delitos contra personas o la propiedad.
Con la aprobación del proyecto -que había contado anteriormente con el visto bueno de la Comsión de Educación-, comienza ahora su debate en particular.
Diferencias al interior del oficialismo por período de años sin gratuidad
Durante la discusión, se ingresó una veintena de indicaciones principalmente por parlamentarios de oposición, que han manifestado su resistencia al proyecto.
Sin embargo, también se han presentado diferencias al interior del oficialismo en torno a la idea de prohibir la gratuidad por cinco años.
El diputado UDI Sergio Bobadilla exclamó en el debate: "No más gratuidad para los que destruyen la educación en nuestro país. Que estos delincuentes trabajen, como hacen miles de estudiantes a lo largo del territorio".
No obstante, su par de RN Ximena Ossandón puntualizó que "no es lo mismo una persona que comete un delito siendo escolar en una etapa formativa, que alguien que ya se encuentra en la educación superior".
"En el caso de los jóvenes en etapa escolar, (se les) aplica una sanción que les impide acceder a la gratuidad en el futuro. Eso es, derechamente, cerrarles el principal camino de movilidad e integración; esa sanción no debería aplicarse a los escolares de un colegio", sostuvo.
Diputado PS: Gobierno se aprovecha de crisis de violencia para amedrentar toda movilización
Otro punto que generó una intensa discusión fue el de expulsar y dejar sin matrícula a estudiantes que generen problemas graves de convivencia escolar que provoquen la suspensión total o parcial de clases.
Desde la oposición, el diputado PS César Valenzuela criticó que "la amplitud con la que está redactado (el proyecto) permite expulsar no sólo a quienes ejercen violencia, sino también a estudiantes que se movilizan pacífica y legítimamente".
"Advertí de esto detalladamente al ministro (de la Segpres, José) García Ruminot, y no se corrigió. Por lo tanto, no puedo sino concluir que el Gobierno se está aprovechando de la crisis de violencia para amedrentar todo indicio de movilización estudiantil", reprochó.
En tanto, el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea afirmó que, "obviamente, hay movimientos con raíces en el anarquismo y (se empeñan) en generar caos y violencia. Participan no sólo jóvenes, sino miembros de las comunidades educativas y también adultos, que a veces tienen vínculos directos con los establecimientos".
Gobierno se abre a idea de inhabilitar gratuidad solo en delitos cometidos en espacios escolares
La ministra de Educación, María Paz Arzola, anotó nota de las intervenciones parlamentarias y expresó que, desde el Ejecutivo, no tienen "dobles intenciones. Lo que se ha presentado es lo que se ha dicho y, si hay algo que no se entiende, está la disposición para precisarlo".
Asimismo, afirmó que acogerán "una sugerencia de la Democracia Cristiana de poder circunscribir a la inhabilitación de la gratuidad la comisión de delitos cometidos en el espacio escolar en las inmediaciones".
