La Cámara de Diputadas y Diputados enfrenta este martes una decisión clave sobre el proyecto de ley del Gobierno "Escuelas Protegidas", que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educativos y que se presentó en el contexto del asesinato de María Victoria Reyes, inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
La votación coincide también con el vencimiento de la urgencia de discusión inmediata impuesta por el Ejecutivo.
Entre sus medidas más destacadas, el proyecto busca permitir la revisión de bolsos y mochilas de los alumnos y, en medio de un fuerte cuestionamiento, dejar sin gratuidad universitaria a aquellos estudiantes que sean condenados por la comisión de algún delito contra las personas o la propiedad.
La iniciativa es calificada por algunos sectores de izquierda como un proyecto "antipobres". Las críticas se centran en el enfoque del proyecto, que, según algunos legisladores, prioriza la vigilancia sobre la prevención.
"Este proyecto parte de una preocupación legítima, pero toma un camino lamentablemente equivocado. Pone el acento en la vigilancia por sobre la prevención, porque la evidencia es clara, las escuelas más seguras no son las más vigiladas. ¿O acaso me van a decir que los establecimientos particulares de Vitacura y de la Dehesa están llenas de carabineros? No lo creo", cuestionó la diputada frenteamplista Coca Ericka Ñanco.
En tanto, su par Javier Olivares (PDG) cuestionó la idoneidad de otorgar beneficios universitarios a ciertos perfiles estudiantiles: "¿Realmente le interesa la universidad a estos adolescentes que hoy destruyen sus liceos o que ya se inscribieron en el bachillerato de la delincuencia? No podemos permitir que los recursos de Chile premien a quienes han decidido criminalizar las aulas".
Salud mental como un factor ignorado
Por su parte, el diputado liberal Luis Malla indicó que, aunque "estas medidas son urgentes, sin salud mental seguimos tapando el sol con un dedo. Acá hay una enfermedad más compleja que no puede ser tratada solo con aspirinas".
"Nuestros niños y jóvenes están rotos por dentro, con la cabeza hecha pedazos, y nadie les tiende la mano", enfatizó el parlamentario.
Desde la Cámara Baja lamentan la ausencia de atención a la salud mental juvenil, señalando que las medidas punitivas no abordan las raíces de los comportamientos complejos en la juventud. (FOTO: ATON)
Reservas de constitucionalidad
Antes de la votación en general, el diputado comunista Marcos Barraza anunció una reserva de constitucionalidad, argumentando que el proyecto "vulneraría derechos y principios".
"El proyecto habilita la revisión de mochilas y efectos personales sobre la base de meros indicios, sin reglas que impidan la selectividad ni la estigmatización. Afecta también el principio de proporcionalidad", criticó el legislador.
Además, Barraza apuntó a que "el artículo sobre gratuidad en la educación superior incurre en un vicio aún más grave al retirar el beneficio a estudiantes condenados, sanciona dos veces al estudiante pobre y una sola vez al que puede pagar".
Ministra de Educación defiende la propuesta
En medio del debate, la ministra de Educación, María Paz Arzola, buscó poner el foco en la protección del derecho a la educación de la mayoría de los estudiantes frente a las acciones de unos pocos.
"Mucho se ha hablado del castigo que implica inhabilitar a quienes cometen delitos para poder acceder a la gratuidad universitaria, pero menos se habla del daño que sufren quienes estudian en ambientes inseguros y que ven día a día amenazado su derecho a la educación, incluso sus posibilidades de acceder a la educación superior, por culpa de unos pocos violentos que actúan sin consideración", explicó la secretaria de Estado.
La titular de Educación enfatiza la necesidad de salvaguardar el derecho formativo de la mayoría de estudiantes frente a las acciones disruptivas de unos pocos. (FOTO: ATON)
La discusión sobre el proyecto "Escuelas Protegidas" se intensificó durante la jornada del lunes, con solo 25 de los más de cien diputados inscritos lograron intervenir.
Sin embargo, este martes es el día clave, ya que vence la urgencia de discusión inmediata y se espera que el proyecto sea votado en la Cámara Baja.
A pesar de las diversas críticas y reservas planteadas, todo indica que la iniciativa será aprobada y avanzará a la Cámara Alta para su próximo trámite legislativo.