La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley de que apunta a combatir las usurpaciones, que pasará al Senado casi en los mismos términos que fue emanado desde la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El avance casi sin cambios de esta iniciativa es interpretado como una derrota para el Gobierno, que mediante indicaciones renovadas y solicitudes de votaciones separadas, pretendía morigerar los efectos que -según alerta- podría tener una ley de estas características.
Al cierre del debate, la ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a advertir que dentro de esta eventual norma "no sólo se presume la concurrencia de los requisitos, sino que habilita causar cualquier daño al autor del delito: esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, recurrir a terceros y causar cualquier daño".
"Estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas a quienes les usurpen sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo", emplazó la jefa de gabinete.
La propuesta fue visada de todas maneras, y el Gobierno sólo consiguió que se aprobara que no se pueda detener a personas que formen parte del registro de campamentos del Ministerio de Vivienda, vigente al 1 de marzo de 2024.
La discusión de este proyecto fue reñida hasta el final; ejemplo de ello fue la intervención del diputado liberal Vlado Mirosevic, quien aseveró que "la legítima defensa privilegiada vuelve a imponer la fuerza del más fuerte, y lo único que va a producir es un enfrentamiento inevitable y sangriento entre particulares, y eso es lo que el Estado tiene que evitar".
"No podemos votar a favor de algo que es completamente irracional", insistió el expresidente de la Cámara.
Su par republicano José Carlos Meza acotó que "este proyecto no permite contratar matones, de hecho, hemos avanzado en legislar para sancionar el delito de sicariato", por lo que instó a los opositores del mismo a que "si lo que no quieren es que las personas puedan defender su propiedad en el marco de la ley, díganlo, pero no nos vengan con alocuciones tan extravagantes".
VOTACIONES DEL FA Y PC EN CONTRA
Desde la bancada del Partido por la Democracia criticaron al Frente Amplio y al Partido Comunista por sus votaciones en el proyecto de ley, que incluso estuvieron en contra de las indicaciones del propio Gobierno.
Los diputados del PPD consideran que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, debe pronunciarse sobre la votación de los diputados del PC; al mismo tiempo, manifestaron la gravedad de que sólo sus parlamentarios estuvieran a favor y que el hecho evidencia la crisis existente entre las "dos almas" del oficialismo en materia de seguridad.
El diputado Eric Aedo, de la Democracia Cristiana -partido que se ha autodeclarado como "colaborador" del Ejecutivo, mas no oficialista-, apuntó que "la primera votación que se realizó, que es en particular, (el FA y el PC) rechazaron o se abstuvieron, y en eso dejaron solo al Gobierno".
"Y ya, a partir de esa señal, en las votaciones que siguieron, en que el Gobierno pidió apoyos que nos parecían razonables, fueron perdidas por verdaderas goleadas en la Cámara. Yo miraba a mis colegas, del Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL) principalmente, y tenían cara de estupefacción frente a lo que estaba sucediendo. Creo que hoy hay una derrota política importante para el Gobierno", sostuvo.
PPD, INDIGNADO, ACUSA "DIVORCIO" CON APRUEBO DIGNIDAD
Por lo anterior, diputados del PPD advierten que, si no se ordenan las filas oficialistas, se sentirán en libertad de proponer o votar de formas distinta otros proyectos de ley, como la reforma de pensiones. Inclusive, acusan, las votaciones de hoy representan un "divorcio" entre las dos fuerzas de la alianza de Gobierno: el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
"Queremos manifestar nuestra profunda indignación por la falta de apoyo político y legislativo tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio a los proyectos de seguridad", deploró el diputado Raúl Soto.
"Por lo menos en materia de seguridad no podemos seguir trabajando de la misma forma. Con este capítulo, existe lamentablemente un divorcio casi absoluto entre estas dos almas que conviven dentro del Gobierno", afirmó su par Héctor Ulloa, independiente de la bancada PPD.
Jaime Araya, del mismo grupo, enfatizó que "uno espera gestos mínimos de lealtad, primero que (el FA y el PC) tengan la decencia de cumplir la palabra y no nos expongan al ridículo que hicimos, aprobando normas contra nuestras convicciones para apoyar al Gobierno del Presidente Boric, porque si aquí cada uno vota quiere, que nos digan que tenemos esa libertad, por ejemplo, en la reforma previsional".
DIPUTADOS PC DEFIENDE SU VOTACIÓN
Desde el señalado Partido Comunista, el diputado Luis Cuello, defendió que "nosotros votamos en contra de todos aquellos artículos que constituyen un retroceso del punto de vista de enfrentar con herramientas penales un problema social que debe ser abordado mediante políticas públicas, como el Plan de Emergencia Habitacional".
El legislador, además, hizo reserva de constitucionalidad en la votación de hoy.
"Lo que hemos planteado durante toda la tramitación es que este proyecto se ha desnaturalizado, y frente a eso por supuesto que debemos tomar decisiones que nos permitan detener de raíz este avance", complementó su correligionaria Alejandra Placencia.
"TRIUNFO PARA LA ARAUCANÍA", AFIRMA LA DERECHA
En la derecha, en tanto, celebraron el avance del proyecto.
"Hoy hay un triunfo para los agricultores de la Región de La Araucanía. Aunque el Gobierno no quería que se votara, hicieron 12 votaciones separadas más los (artículos) transitorios. Las perdieron todas, excepto una", dijo el diputado RN Miguel Mellado, que representa a la zona.
En ese marco, "le quiero decir al Gobierno que este Parlamento está haciendo las cosas por la necesidad de los chilenos", aseguró.
El Gobierno ha patrocinado el proyecto, pues su intención es que exista una ley que regule las usurpaciones, pero ha advertido que no está dispuesto a promulgarlo en los términos actuales, que combinan la legítima defensa con la flagrancia permanente, los que -teme- podrían permitir la autotutela.
La iniciativa será votada este miércoles en el Senado, en su tercer y eventual último trámite. De ser aprobado, La Moneda no descarta ingresarle un veto presidencial o llevarlo al Tribunal Constitucional.
