La diputada Ericka Ñanco (RD) presentó este lunes una moción de censura para que su par José Miguel Castro (RN) deje la presidencia de la comisión investigadora por el caso convenios, que en específico indaga las transferencias del programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda a fundaciones.
La solicitud se debe a los contratos con transferencias de dinero por trato directo por parte de la Seremi de Salud de Antofagasta, que traspasó 513 millones de pesos al Hotel Altos del Sol durante la pandemia, en el año 2021 -segundo Gobierno de Piñera-, pues sería utilizado como una residencia sanitaria.
Este recinto es controlado por el grupo empresarial Korlaet, perteneciente a la familia de Vania Korlaet, esposa del diputado Castro.
"Para que alguien presida esta Comisión, tiene que ser una persona que no haya estado involucrada en términos de casos de convenios anteriores, ya sea en este Gobierno o el anterior, entendiendo que es algo que también atenta contra la ética. Más allá de saber que eventualmente podría perder el punto, solicito su inhabilitación como presidente de esta comisión", advirtió Ñanco.
En respuesta a esto, el diputado Castro afirmó que "estar siendo cuestionado ahora la verdad es que es bien irrisorio, porque justamente los delincuentes, los tránsfugos, aquellas personas con las que estamos hoy día todos sentados y a todo Chile los tiene con las manos en la cabeza son sus compañeros de partido".
En ese sentido, reprochó que la moción sea impulsada por una parlamentaria de Revolución Democrática, uno de los principalmes partidos involucrados en la trama.
"La diputada está en su justo derecho de hacerlo, y creo que lo va a seguir haciendo porque es el rol que tiene como cercana a RD: sacar de la presidencia a una persona que justamente va a tratar de indagar lo que han tratado de meter debajo de la alfombra", apuntó.
Se desconoce si esta iniciativa prosperará, ya que Ñanco reconoce que en este momento no tener los votos necesarios para lograr la censura: será deliberada el próximo lunes.
La comisión, que tiene dos meses de plazo para trabajar, realizó hoy su primera sesión.
CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO POR "CAMBIO DE CRITERIO"
La comisión investigadora abordó este lunes el alcance que tuvo el cambio de criterio de la actual administración, a través del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (Caigg), para dejar de solicitar la reportabilidad de transferencia contable y si esa decisión pudo o no abrir espacio a la corrupción en el caso convenios.
La subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, reconoció las falencias del organismo, apuntando que está creado sólo por decreto y no por ley, por lo que no es un órgano de control, sino que tiene un rol más bien preventivo.
Además, recalcó que la información que se dejó de pedir eran datos agregados, por ejemplo: a quién se le hizo la transferencia, por cuáles montos y cuánto estaba rendido y faltaba por rendir. Con esa información -advirtió- era imposible haber detectado alguna irregularidad.
"Aquí no hay un relajo de controles. El tema de la reportabilidad financiera contable no es competencia de la auditoría y, por tanto, en la práctica, se tomó el criterio técnico de decir: dado que el control financiero contable le corresponde a la Contraloría y a la Dipres, nosotros centrémonos en aquello que efectivamente corresponde hacer en la auditoría", puntualizó la subsecretaria, quien afirmó también que "desde esa perspectiva se dejaron de pedir esas reportabilidades respecto de las transferencias".
La postura del Ejecutivo no fue vista de buena manera por Máximo Pavez, exsubsecretario de esa cartera y que participó esta jornada de la comisión: advirtió que se podría "no haber sabido si Urbanismo Social pintó o no una fachada, pero sí que deberíamos haber sabido si es que había rendiciones pendientes".
"¿Qué es lo que hace el subsecretario con esa información? Uno le dice al subsecretario, de Vivienda en este caso, oiga, no me están reportando estas transferencias. Entonces sostener que porque la información está agregada -que no está agregada para los efectos de las rendiciones- no se pueden haber detectado, yo creo que estamos en visiones distintas respecto a los mismos hechos", cuestionó la otrora autoridad.
Pavez insistió que en su momento se pudo haber revelado "cómo la planilla de auto-reporte, en virtud de la cual en nuestro gobierno se realizaba la información de auditoría, sí habría podido determinar que existen 426 millones de pesos sin rendir, y por supuesto, aquellas rendiciones que no correspondían a circunstancias vinculadas a los convenios".
CONTRALOR PONE EN DUDA RELATIVIZACIÓN DEL CONSEJO DE AUDITORÍA
En el marco de su participación en otra comisión legislativa, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, puso en entredicho la relativización sobre el Consejo de Auditoría Interna del Ejecutivo, que formuló la subsecretaria Lobos.
"En primer lugar, está el control que tienen que ejercer las propias jefaturas de cada servicio público; el segundo control tiene que estar dado por las auditorías de Gobierno, y esa segunda línea de control debería estar operativa, es el Caigg. Como el nombre lo indica, lo que puede realizar son auditorías, y por lo tanto, se puede controlar y fiscalizar cómo se están usando y destinando los recursos. Y luego, la tercera línea de control es la que hace la Contraloría", expuso.
El diputado Raúl Soto (PPD), en tanto, reprochó que la reportabilidad que se solicitaba en la Administración anterior tampoco daba frutos para revelar posibles irregularidades: "Ni uno ni otro criterio está funcionando, porque evidentemente, como ejemplo el caso de Arquiduc bajo el Gobierno de Sebastián Piñera en O'Higgins, no fue alertado tampoco por este Caigg bajo el criterio de auto reporte financiero y contable".
En un planteamiento contradictorio, la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos) pidió salir de las "trincheras ideológicas" a la vez que tachó a las organizaciones involucradas en el caso convenios de ser partidarias del Presidente Boric.
"Esta comisión no se puede transformar en una discusión entre derecha e izquierda, entre gobierno actual y anterior. Espero que esta comisión no quede dentro de las trincheras ideológicas, sino que nos permita realmente que (...) vengan a dar explicaciones a todos los chilenos de estos traspasos truchos a las fundaciones pro-Boric", dijo.
