El ministro de Vivienda "no solamente tiene una defensa jurídica, sino que también una buena defensa política" desde La Moneda, dijo la vocera.
La Democracia Cristiana señaló que "no va a ser cómplice" del libelo y lo rechazará; lo mismo que el diputado del PDG Rubén Oyarzo.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), manifestó este martes la expectativa del Ejecutivo de que esta semana se desestime finalmente la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por su presunta responsabilidad en el caso Democracia Viva.
La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia del secretario de Estado, un histórico militante del Partido Socialista, sobre todo tras la detención de dos de los protagonistas que dieron origen al caso Convenios, y endureció el tono tras la derrota en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre.
Daniel Andrade, representante legal de la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, están acusados de malversar subvenciones públicas por 426 millones de pesos.
"Tenemos un convencimiento que sigue firme y en pie, que es que esta acusación constitucional -que en primera instancia fue una amenaza que luego se concretó en un texto que deja mucho que desear- no tiene ningún fundamento jurídico", dijo Vallejo en una rueda de prensa.
"El ministro Carlos Montes no solamente tiene una defensa jurídica, sino que también una buena defensa política desde el Gobierno, porque tenemos convencimiento político de que aquí el ministro no incumplió ninguna ley ni la Constitución (...) Además, nunca abandonó su tarea de avanzar en el plan de emergencia habitacional", señaló la portavoz.
La acusación contiene cinco capítulos, en los que se acusa al titular del Minvu de faltas a la probidad; no hacer valer las leyes, además de la responsabilidad política por faltas al control jerárquico en el caso de Democracia Viva, el más bullado del escándalo de los convenios que ha implicado principalmente a Seremis del ramo respecto a transferencias de platas públicas hacia fundaciones.
Desde el entorno del ministro anticipan que la defensa deducirá la cuestión previa, para alegar cuestiones de forma de la acusación, pues observan que se basa en el principio de responsabiidad objetiva, pese a que este tipo de procesos se funda en la responsabilidad subjetiva, es decir, en este caso el grado de diligencia del titular en sus acciones.
El libelo cuenta con los votos del Partido Republicano, la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI y Evópoli) y formaciones políticas más pequeñas, pero no con la Democracia Cristiana.
"En opinión de la bancada de la Democracia Cristiana, la acusación en contra del ministro Carlos Montes carece de fundamento y le pedimos a la derecha tradicional que deje de comportarse como verdaderos mocitos de Republicanos y de la extrema derecha. Comiencen a tomar decisiones con autonomía, con convicción, y no ser simplemente comparsa de la extrema derecha", dijo el jefe de la bancada falangista, Eric Aedo.
"Uno puede tener opiniones distintas y mala opinión de la gestión del ministro Montes a cargo del Minvu, pero de ahí llegar a una acusación constitucional son cosas distintas y en eso la Democracia Cristiana no va a ser cómplice de una acusación sin fundamento", confirmó.
A la vez, el diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, también anunció que rechazará la acusación: "He llegado a la conclusión de que un libelo mal redactado y pobre de contenido no se sostiene para avanzar en un juicio político contra el titular de vivienda. Lamento que Chile Vamos se preste para el uso inadecuado de las herramientas constitucionales que tenemos como diputados".
La comisión revisora del libelo, de mayoría opositora, tuvo una nueva sesión este martes, en la que recibió al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, quien también ha sido cuestionado sobre cuándo se enteró e informó al Presidente Gabriel Boric de los convenios de Democracia Viva.
Preguntado sobre por qué no le comunicó al ministro cuando -según dijo- le había llegado un "rumor" el 7 de junio, nueve días antes de que el caso estallara públicamente, Crispi respondió que su "criterio en ese momento fue informarle a la jefa de servicio (la entonces subsecretaria Tatiana Rojas), que me señaló que se estaba recabando los antecedentes porque efectivamente tenían en el radar también esta situación".
"La pregunta también cruza respecto a la obligación de denuncia. La verdad es que la obligación de denuncia tiene que ver cuando hay un hecho claramente flagrante. Esto por supuesto es algo que uno reflexiona mucho en las cosas que hizo o ha dejado de hacer, y la verdad es que situadas las situaciones uno toma decisiones en función de la información que tiene a disposición", complementó.
Sobre el juicio político al titular del Minvu, Crispi enfatizó que le motivó asistir a la instancia el hecho de que su opinión al respecto, "con la información de la que dispongo, es que el ministro Montes no ha incumplido en ningún momento con la Constitución y que por tanto esta acusación constitucional carece de fundamento".
También estaba citada la exsubsecretaria Rojas, pero no asistió.
La comisión revisora de la acusación constitucional votará este miércoles su recomendación, no vinculante, sobre si aprobar o rechazar el libelo.
El día siguiente, el jueves, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados resolverá el futuro del libelo. La oposición requiere 78 votos de los 154 parlamentarios habilitados para votar, y en principio cuenta con 70 si todos los de su sector se alinean para aprobarlo.
