El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, manifestó en Cooperativa que aunque Manuel Guerra pudo incurrir en irregularidades por iniciativa propia como jefe metropolitano Oriente, el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott, no fue proactivo en impedir que éstas se produjeran.
"Quizás el caso más complejo y grave" que empapa a Guerra son sus eventuales gestiones con el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) para dar una salida espuria al caso Penta, que evidencian los recientes chats revelados por The Clinic entre el expersecutor y el abogado Luis Hermosilla.
Bravo recordó en Lo que Queda del Día que "en algún momento, entre 2017 y 2018, surgieron algunas dudas o sospechas respecto de decisiones que estaban al margen de las políticas institucionales, e incluso algunas al margen de la legalidad", como por ejemplo, la suspensión condicional que benefició al senador UDI Iván Moreira, poco después de que fuera desaforado debido a esta causa.
Asimismo, "se omitió la reformalización de los controladores de Penta (Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín) por parte del fiscal Guerra, violando además un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) del delito de cohecho, lo que significó naturalmente rebajar la sanción a estas personas" una vez cerrada la investigación.
Con todo, en su momento "no se entendían estas decisiones del exfiscal Guerra, pero a partir de las comunicaciones de las que hemos ido tomando conocimiento en estos últimos días, al parecer hubo acuerdos que no estaban dentro de las políticas institucionales e incluso algunos al margen de la ley", relevó el dirigente gremial.
LAS ACCIONES QUE NO SE TOMARON
Consultado sobre las facultades de Guerra en su cargo de aquel momento, Bravo explicó que "los fiscales regionales, en la práctica, son los titulares de la acción penal; por decirlo de manera coloquial, son 'los dueños de las causas' (...) por lo tanto, pueden tomar decisiones de manera autónoma, sin consultar a los fiscales adjuntos, como ocurrió en el caso de Penta, donde precisamente lo que hace es sustraer del conocimiento de ese caso a los fiscales (Carlos) Gajardo y (Pablo) Norambuena", quienes renunciaron al Ministerio Público en 2018.
Sin perjuicio de esto, "hubo una grave omisión de parte del fiscal nacional: el fiscal Abbott pudo haber hecho mucho más, en el sentido de haber controlado al fiscal regional. Pudo haber hecho (por ejemplo) lo que hizo con el fiscal (Emiliano) Arias, a quien despojó de varias de las causas que investigaba; pudo en su momento haber redestinado la causa Penta a otro fiscal; pudo haberlo evaluado de manera deficiente si consideraba que las decisiones del señor Guerra se apartaban de las políticas de persecución interna; pudo haber ordenado investigaciones administrativas respecto del fiscal regional", planteó.
No obstante, "nada de eso, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, se hizo", acotó.
Ante eventuales delitos de cohecho en esta arista del caso audios, el líder de los fiscales recalcó que "eso tiene que acreditarse, tiene que haber una investigación que ya está en curso, en manos del fiscal (regional de Arica y Parinacota) Mario Carrera".
"No es una tarea fácil, pero creo que la ciudadanía demanda nuestros mayores esfuerzos, y sea cual sea el resultado, tiene el derecho a saber qué es lo que va a hacer la Fiscalía, y cuáles van a ser los resultados de esas investigaciones. No siempre se logra, pero confiemos en las instituciones, y en un fiscal que además es de prestigio, que tiene experiencia y ha dado muestras de éxitos muy importantes en Arica y Parinacota -por ejemplo- respecto de la desarticulación de grupos de crimen organizado, y tiene expertise en la investigación de causas complejas".
CONTROVERSIA INTERNA POR LORENA PARRA
Más temprano, Bravo se refirió al vínculo entre Lorena Parra, fiscal metropolitana Oriente que lleva el caso audios, y el imputado Hermosilla, que la defensa del abogado utilizó para intentar inhabilitarla de conocer la causa, sin éxito.
Si bien valoró su trabajo en el curso de esta investigación, el dirigente apuntó en CNN Chile Radio Hoy que "voy a dar una opinión personal, porque nosotros como gremio formamos parte de un colectivo: yo creo que debió haber evaluado inhabilitarse".
Esta tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente se distanció explícitamente de Bravo: "Los dichos manifestados públicamente a título personal por el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales no representan nuestro sentir y la opinión que tenemos del profesionalismo de nuestra Fiscal Regional. Considerando además que la petición ya fue resuelta por el Fiscal Nacional".
Los integrantes de tal unidad aseguran que "las estrategias para desacreditar públicamente a las y los investigadores son conocidas como maniobras distractoras y que persiguen sacar a quienes desarrollan su labor de manera seria y con resultados concretos".
Por lo anterior, destacaron la gestión de Parra y su equipo, por cuanto "han demostrado con hechos concretos que su trabajo ha sido objetivo, serio, rápido y eficaz, y que la estrategia de la defensa para ensuciar su nombre lo que persigue es sacarla del caso para evitar ser perseguidos con la rigurosidad que ha demostrado en todos sus años de ejercicio".
