Parlamentarios de la Nueva Mayoría salieron a defenderse públicamente luego de que una investigación de Ciper los identificara como contratadores de servicios de una empresa que es investigada por el Ministerio Público por su presunta participación en el encubrimiento de aportes ilegales a campañas políticas mediante facturas falsas.
Según el Centro de Investigación Periodística, Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL -firma que "está bajo la lupa de Impuestos Internos y la Fiscalía"- ha cobrado desde el año 2012 hasta la fecha más de 126 millones por asesorías parlamentarias a legisladores tanto del oficialismo como de la oposición.
Dentro de sus clientes se encuentran o se han encontrado los UDI Javier Macaya (actual timonel interino), Pablo Zalaquett, Mónica Zalaquett y Carlos Recondo; el Comité de Senadores de la UDI; los socialistas Denise Pascal, Clemira Pacheco, Maya Fernández y Daniella Cicardini; los PPD Guido Girardi, Tucapel Jiménez y María Antonieta Saa; y los DC Jorge Pizarro y Matías Walker, además del propio Partido Demócrata Cristiano.
De acuerdo a lo afirmado por el reportaje, "si bien la empresa figura a nombre de Cristina Zúñiga, el verdadero motor de su transversal participación en asesorías a partidos es Alejandro Chaparro Cavada, un antiguo operador político que militó en el PPD" y cuyo nombre "hace una década saltó a las primeras páginas cuando estuvo involucrado en la investigación por cohecho conocida como 'Caso Coimas'".
Chaparro fue acusado de aceptar sobornos para permitir la instalación irregular de plantas de revisión técnica y en 2007 la Corte Suprema confirmó la condena en su contra por "cohecho aceptado".
En octubre de 2014 Chaparro declaró ante la Fiscalía que a través de la empresa Pecado Kapital ha trabajado en más de 50 campañas, primero con candidatos PPD y PS, para luego ampliarse hacia la derecha. Agregó que en marzo de 2013 se integró a la campaña senatorial de Pablo Zalaquett y en el marco de ésta se emitieron al menos seis facturas falsas por servicios no prestados: cinco a SQM y una a Corpbanca, información que se conoció públicamente en enero al revelarse los nombres de "otras empresas" indagadas por la Fiscalía en el marco del caso Penta.
"En abril de 2013 nos efectuaron (Zalaquett) el primer pago por lo ya hecho. Este pago se hizo con una factura por 10 millones de pesos de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL (...). Se facturó a nombre de Corpbanca (...) No hay ningún servicio que se le haya prestado a Corpbanca", confesó Chaparro.
Los descargos
Desde la tarde de ayer los parlamentarios de la Nueva Mayoría han salido a aclarar que los pagos efectuados a la empresa Asesorías Cristina Zúñiga Paredes corresponden a trabajos efectivamente realizados y algunos, como el caso de Tucapel Jiménez, han expresado molestia por su mención en el reportaje.
"Quiero dejar con toda claridad constancia de que no tengo nada, nada que ver con ninguna situación anómala o de posible irregularidad en que se han visto envueltas otras personas", afirmó el senador DC Jorge Pizarro.
"Nosotros contratamos una empresa para nuestra campaña y se rindió como corresponde y se pagó como corresponde, sin ningún problema de ningún tipo", agregó el candidato a presidir la falange.
El diputado Matías Walker, ex jefe de la bancada DC, explicó que "Cristina Zúñiga es una periodista que está inscrita en el registro de asesores externos de la Cámara de Diputados".
"Desde hace mucho tiempo viene prestando servicios a distintos diputados y senadores. Yo la contraté durante un trimestre del año 2013, fuera del periodo de campaña", resaltó Walker.
"Valoro la labor que está realizando la prensa por informar detalladamente a la ciudadanía sobre los casos de política y dinero pero en el artículo de ciper existe una equivocación al tratar de vincular una asesoría real, todo transparentado en la página del congreso, con las irregularidades que se están investigando. Un abrazo", escribió Maya Fernández en su página de Facebook.
El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, tras conversar con los parlamentarios mencionados, ratificó que los pagos corresponden a trabajos realizados, pero insistió que todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público deben realizarse "a concho".
"Les he preguntado y todos me han dicho que corresponde a servicios debidamente prestados y, en consecuencia, trabajos hechos. Al margen de andarles preguntando de a uno, porque no me corresponde, permítame una reflexión: si hay una investigación en curso, ésa es la investigación. Si cuando uno dice que hay que asumir las responsabilidades y que las investigaciones tienen que hacerse a concho, tienen que hacerse a concho", remarcó.
De cualquier modo, "yo tengo confianza en que la gente del Partido Socialista puede dar una buena explicación y tiene fundamentos, así que en eso estoy tranquilo", comentó.
