Este miércoles se retomaron las votaciones en el pleno tras el receso por Fiestas Patrias.
También se aprobó la posibilidad de sustituir penas privativas de libertad a quienes sufran enfermedades terminales.
En la mañana de este miércoles el pleno del Consejo Constitucional retomó la discusión y votación de los artículos del borrador creado por la Comisión Experta.
Durante esta sesión se votó el capítulo 2, artículo 16 y los numerales del 1 al 10, que incluyen el derecho a la vida, en el que se explicita que la "ley protege la vida de quien está por nacer".
Pese a que se especulaba una posible división de las derechas, tanto Republicanos como Chile Vamos apoyaron este artículo, que fue aprobado con 33 votos a favor y 17 en contra.
Con votos de Republicanos y Chile Vamos se aprobó en el Consejo Constitucional que "La ley protege la vida de quien está por nacer" @Cooperativa pic.twitter.com/RWAdbG5lZS
— Camila López González (@g_pelusa) September 20, 2023
Además, otro punto de discusión fue la enmienda presentada por la derecha que dice que los condenados a penas privativas de libertad podrán solicitar el cambio a reclusión domiciliaria total si sufren una enfermedad terminal, siempre que no presenten un peligro para la sociedad.
Esta enmienda ha sido cuestionada por el oficialismo, desde donde dijeron que se busca beneficiar a los presos que se encuentran actualmente en Punta Peuco.
La iniciativa fue aprobada con 31 votos a favor, 18 en contra -entre ellos el de la RN Lorena Gallardo- y una abstención, de Gloria Hutt (Evópoli).
La consejera Karen Araya (PC) dijo que "yo les pregunto, ¿A quién están buscando beneficiar? Será que intentan que aprobemos un perdonazo para los reos de Punta Peuco, un perdonazo para violadores de derechos humanos sin mediar arrepentimiento, perdón ni colaboración de parte de estos".
Ivonne Mangelsdorff (RN) respondió que "se dejó solo para las personas que por carácter humanitario y que estén atravesando una enfermedad terminal, sin distinción de edad. No es una norma Punta Peuco, merecen tener una conmutación en su domicilio".
Además, también se aprobó el artículo que dice que los extranjeros que ingresan de forma clandestina al país serán expulsados.
Otra norma que fue aprobada con apoyo de la derecha es la "objeción de conciencia individual e institucional", aunque con los votos en contra de las consejeras Hutt y Gallardo.
Antonia Rivas, experta de Convergencia Social, dijo que "una empresa podría decidir si paga o no impuestos, un grupo de personas unidas por una religiosidad determinada podría decidir no enterrar a sus muertos en un cementerio, sino en sus jardines; un colegio podría discriminar a un niño o a una niña transgénero y privarlo de su derecho a la educación, o como ocurre hoy, una institución de salud que recibe recursos públicos, que es parte del acceso y garantías de las prestaciones referidas al derecho a la salud, podría dejar sin acceso al aborto a mujeres y niñas víctimas de una violación".
"Se relativiza la obligatoriedad de los derechos y deberes jurídicos. ¿No estamos todos y todas obligados a cumplir la ley? ¿Hay algunos que por su moralidad o sus creencias pueden no cumplir la ley? Cómo garantizamos entonces el Estado de derecho, seamos serios y responsables", cuestionó.
👉 El Consejo Constitucional aprobó la "objeción de conciencia individual e institucional". Además de la izquierda, también votaron en contra Gloria Hutt (Evopoli) y Lorena Gallardo (RN) @Cooperativa pic.twitter.com/RPvTeIbNrW
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Para el consejero de CS Yerko Ljubetic, lo aprobado es "una anomalía, un engendro constitucional", puesto que "no existe en ninguna Constitución del mundo".
"Las objeciones de conciencia son cuestiones extremadamente excepcionales, porque implican la posibilidad de una persona de eximirse del cumplimiento de sus obligaciones legales en virtud de sus propias convicciones. Y cuando se extiende a las instituciones, se incurre en aberraciones con nefastas consecuencias", sentenció.
No obstante, su par republicano Luis Silva planteó que "no nos toca imaginar cuáles son los alcances que puede tener una norma, porque están llamadas a vivir en el tiempo a través de distintas circunstancias, y muy particularmente las normas constitucionales".
A la vez, aseguró que "la objeción de conciencia institucional no es un invento de este Consejo".
La derecha también aprobó una enmienda que establece la prohibición de una "verdad oficial del Estado", que según Silva busca que no se pueda penalizar el negacionismo. De esta manera, la izquierda advirtió que esa norma apunta a restringir los consensos sobre lo ocurrido en nuestra historia, y podría declarar inconstitucionales los informes Rettig y Valech.
